El Siglo

La delincuencia organizada, disfrazada de común

Todos los días se sufre el embate de la delincuencia común; el calificativo de común se utiliza para diferenciarla de la delincuencia organizada.  Sin embargo, aquella delincuencia común está muy bien organizada y presenta un desafío enorme para las fuerzas de seguridad, de tal suerte que ahora se le puede seguir denominando común, pero porque es común que la población se vea afectada por la delincuencia.  Tan bien organizada está, que el fiscal general del gobierno del país más poderoso del mundo, Estados Unidos de América, dio declaraciones en el sentido que uno de los principales objetivos de su gestión es el ataque y desarticulación de la mara MS-13.

En Guatemala, las maras han ampliado su rango de operación dramáticamente.  Ya no son las pandillas de los años ochenta que distribuían droga al menudeo.  Ahora, son todo un emporio que ha diversificado sus actividades criminales dedicándose principalmente al sicariato y a la extorsión, sin descuidar claro está, los negocios originales.

Para enfrentar este flagelo que cual culebra, pica generalmente a los descalzos, está el Ministerio de Gobernación que actualmente dirige el licenciado Francisco Manuel Rivas Lara y su “primer” vice ministro, Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, ambos abogado y notario y con carrera desarrollada en el Ministerio Público.  Sin dudar de la buena voluntad que puedan tener, es imposible dejar de apuntar que su experiencia laboral los podrá capacitar para la investigación criminal y para la persecución penal, pero no para la prevención del delito y la seguridad ciudadana que son justamente, las principales funciones del Mingob.  Si bien la hoja de vida del vice ministro encargado de la prevención del delito si da cuenta de experiencia en la materia, la cabeza de esa cartera y el resto de la cúpula ministerial no tiene experiencia demostrable en seguridad ciudadana y prevención del delito.

No es ningún secreto que las autoridades del Mingob fueron nombradas por imposición del exembajador Robinson; no tiene nada de novedoso, pues el imperio siempre ha colocado a sus piezas en los gobiernos, pero a quien deben rendir cuentas las autoridades es a los guatemaltecos y francamente su experiencia laboral no da cuenta de capacidad para enfrentar, mucho menos prevenir, flagelos tan grandes como la extorsión que afecta a gran cantidad de guatemaltecos en todo el territorio nacional.  De no ser porque en días pasados una multinacional de telecomunicaciones se vio extorsionada, el fenómeno que afecta a miles y miles de ciudadanos y pequeños empresarios seguiría pasando casi desapercibido y solo saldría en las páginas de los medios cuando el desenlace de la extorsión es la muerte del extorsionado.

El fenómeno de las maras sobrepasa la capacidad de un gobierno nacional, sobre todo si los encargados de la seguridad están entrenados en la persecución del delito ya cometido, pues ese es el rol de los fiscales y no en prevención.  El Gobierno de Guatemala necesita del apoyo internacional y de la CICIG, sin embargo, esta se ha centrado en casos de corrupción (lo cual es maravilloso, mas no suficiente) y ha escogido desatender el singular más grave problema de los guatemaltecos: las maras.  Bien hace el Gobierno del presidente Morales en replantear el mandato de Cicig para que sirva para lo que vino y coopere en desarticular las verdaderas “ciacs”.

Por una nación libre justa y soberana.

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