El Siglo

Aviesas extorsiones

La extorsión es un hecho vergonzoso que ha venido creciendo en sociedades en constante decadencia como la guatemalteca. Esta práctica consiste en obligar a una persona a que realice o deje de realizar algo utilizando para ello la violencia o intimidación, en el caso de nuestro país, dinero a cambio de salvaguardar la propia vida, la de algún ser querido o la de los trabajadores de empresas.

Hasta hace algunos años eran los pilotos del transporte urbano el blanco de los ataques, aunque rápidamente se extendió por las rutas del transporte extraurbano del país. Con el tiempo y como un cáncer que corroe con rapidez un cuerpo frágil y desnutrido, las extorsiones ampliaron su radio de acción a sectores de vivienda marginal, luego algunas de clase media baja, afectando especialmente a los comercios ubicados en estas áreas. Hasta entonces el problema se abordaba como uno más de la amplia gama de delincuencia común que afecta a Guatemala, tomando nota estadística del coste económico y las invalorables vidas humanas que cayeron como víctimas mortales.

Sin embargo el problema se abordo desde una amplitud mayor cuando sus efectos se empezaron a sentir en las grandes empresas del país quienes a través de sus diversos canales de distribución fueron afectados en sus niveles de ingreso por el pago de seguridad u otros pagos que debieron realizar para entrar a ciertas aéreas, pues cuando no lo hacían los pilotos de sus vehículos repartidores eras asesinados. Esta práctica ya medio añeja, se volvió mediática cuando la semana anterior se sistematizaron cinco ataques contra personas de una empresa de telefonía que dejo en un solo día el saldo de cuatro personas muertas.

A finales de 2014, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presento el informe “Entendiendo el fenómeno de las Extorsiones en Guatemala”, en el cual se explica que a partir del año 2008 se registró un incremento de esta práctica siendo el blanco principal el transporte público, a su vez nos indica que desde el 2004 ya se registraban múltiples casos. Un dato relevante de este informe es la afirmación que el 80 por ciento de estos hechos se planifica desde las cárceles, vaya detalle.

Así mismo se presentan una serie de estadísticas importantes y diversas interpretaciones sobre ellas, sin embargo dentro del marco de propuestas subrayo la que se enfoca sobre la necesidad de determinar una política integral contra las extorsiones y la creación de un organismo único responsable de la coordinación de las investigaciones en lugar de varias unidades que dependen de diferentes entes gubernamentales en los cuales se dispersan los recursos humanos y financieros.

A lo indicado en este valioso informe, debe agregarse que las autoridades competentes deben hacer grandes esfuerzos por ganar la confianza de la ciudadanía para animar a la población a denunciar la extorsión como un primer elemento de un proceso complejo.

Esta complejidad consta de múltiples y variados subprocesos que pasan por el sistema de inteligencia civil, el fortalecimiento de ente encargado de la investigación, por afinar el sistema judicial que sea capaz de procesar con éxitos los casos denunciados y en un sistema penitenciario que promueva la futura inserción social de los privados de libertad.

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