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¡No al aborto!

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COLUMNISTA

Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; me formaste en el vientre de mi madre”.  Salmo 139:13.

La vida desde su concepción, es un Derecho Humano reconocido por distintas culturas, religiones y estados, otorgándole no solo un valor divino, sino que también, una protección legal para no atentar en contra de un ser indefenso quien, por su condición de ser humano, goza de personalidad jurídica para todo lo que le favorece.

De esa cuenta, los Estados reconocen y protegen el derecho a la vida, algunos desde su concepción, otros siempre que el nasciturus venga en condiciones de viabilidad y otros hasta el momento de su nacimiento.  Afortunadamente, Guatemala reconoce el derecho a la vida desde su concepción y así lo regula el artículo 3 de la Constitución Política de la República, el que establece: “Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción…”.

De la misma forma, el Código Civil en su primer artículo, reconoce como persona al que está por nacer, a quien le otorga, todos los derechos inherentes por su condición de ser humano.

Por su parte, el Código Penal, tipifica el aborto como crimen en contra de la vida e integridad de las personas y lo regula seguido al asesinato por el grave impacto que produce en la sociedad, y lo define como: “la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento de la preñez”. Sancionado no sólo a la mujer que lo provoca o consiente, sino que además, a cualquier persona que intervenga en su ejecución. Despenaliza únicamente el aborto terapéutico, es decir, el clínicamente permitido, luego de haberse agotado todos y cada uno de los procedimientos técnicos-científicos que determinen al final,  la necesidad de practicarlo, por existir un grave riesgo en la vida de la madre.

Sin embargo, en los últimos días hemos visto como varias entidades que dicen proteger los Derechos Humanos en Guatemala, han iniciado una campaña pública tratando de influenciar en la comunidad, la necesidad de regular el aborto como un Derecho Humano de la mujer y en el caso especifico de las niñas o adolecentes que, por ignorancia, amor, o agresión sexual culminó con un embarazo no deseado, a efecto de que puedan acudir ante cualquier servicio de salud del país, donde muy tranquila y relajadamente y sin que sea necesaria la autorización del padre o tutor legal, puedan disponer de su cuerpo y de esa cuenta, dar muerte a un ser indefenso que no es culpable de la forma en se engendró.

Estas organizaciones, de supuestos Derechos Humanos que lucran con actos y discursos de muerte a indefensos, argumentan no solo que Guatemala debe ponerse a la vanguardia de legislaciones del primer orden, donde las sociedades avanzadas permiten esta practica deleznable a sus mujeres, sino que también exigen que esas normas internacionales de supuesta protección a los Derechos Humanos, sean incorporadas a nuestros sistema jurídico, mediante el mal llamado bloque de constitucionalidad, que no es más que una forma de violentar y tergiversar los postulados constitucionales, a través de la integración de normas y principios supuestamente en materia de Derechos Humanos, pero que no han sido incorporadas a la legislación guatemalteca, través de los canales legales y, a las cuales de forma ilegal, se les pretende dar una jerarquía superior a la propia Constitución. Vaya aberración legal.

Hoy los guatemaltecos, corremos el grave riesgo de que ese llamado a ejecutar a seres humanos indefensos, pueda legislarse, pues, en el Congreso de la Republica existe ya la iniciativa de ley denominada “Ley para la protección integral, acceso a la justicia, y reparación digna y transformadora a las niñas y adolecentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas”, la cual no es más que un proyecto de ley, que disfrazada de norma protectora de los Derechos Humanos de las menores de edad, esconde en el artículo 7 bis, su verdadera intención, de despenalizar el aborto de las menores, así como de los prestadores de servicios de salud que lo practiquen.

Como era de esperarse, la iniciativa legal fue presentada por los diputados Sandra Nineth Morán Reyes y Erwin Enrique Álvarez Domínguez, integrantes de la Bancada Convergencia CPO-CRD, un  partido político de izquierda, conformado en su mayoría por ex guerrilleros, quienes de nuevo, pretenden violentar la Constitución Política de la República de Guatemala, atentando en contra de la vida de un ser humano indefenso.

Al analizar esta norma constitucional, rápidamente podremos encontrar que la desfachatada propuesta de los dos marxistas, además de ser inmoral, atenta directamente en contra del orden constitucional, primero: porque los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, y segundo: porque en su calidad de funcionarios públicos están obligados a respetar, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución Política de la República de Guatemala, sin alegar ignorancia, desuso, costumbre o practica en contrario. Por ello, los ponentes tienen la obligación de respetar y acatar la protección constitucional de la vida, desde el momento de la concepción, es decir desde que el óvulo es fecundado, pues, partir de ese momento se inicia el proceso biológico por virtud del cual se forma un embrión y consecuentemente una preciada vida, la cual, tendrá un propósito determinado en la sociedad.

Sumado a ello, el proyecto de ley de forma encubierta pretende modificar el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual no es posible por dos situaciones. La primera: por el principio de Supremacía de la Constitución, el cual regula que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, y hace nulas ipso jure, es decir de pleno derecho, las disposiciones de cualquier orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Es por ello que una ley ordinaria como la que se pretende aprobar, jamás podrá modificar o reformar la Constitución. Y, segundo: porque el procedimiento para reformar los artículos del 3 al 46, de la Carta Magna, únicamente puede realizarse a través de conformar una Asamblea Nacional Constituyente, no a través de la aprobación de una norma ordinaria por el Congreso de la República. Es por ello, que la iniciativa presentada debe ser desechada por el pleno de diputados, por adolecer de inconstitucionalidad general total.

Si bien es cierto que, en Guatemala existe un grave riesgo de que las menores de edad puedan ser objeto de abusos sexuales o en su caso de trata de personas que, como consecuencia originen un embarazo no deseado, el proyecto de ley, no debió enfocarse en dar muerte a un ser humano indefenso, sino que, en buscar los mecanismos necesarios para prevenir esos ataques sexuales, por ejemplo mediante campañas mediáticas y visitas continuas de servidores públicos especializados a las comunidades, para concientizar a los padres de las niñas y adolecentes sobre los posibles riesgos de ataques de familiares, amigos o desconocidos y endurecer las penas por la comisión de estos hechos delictivos; así como proponer la creación de centros clínicos de cuidado de víctimas de estos atroces crímenes para que, las menores violentadas en vez de abortar, puedan recibir la atención psicológica y médica necesaria mientras pasan por esa terrible situación, para que, luego de dar a luz decidan si conservaran a su bebé, lo entregaran a una casa hogar o, a una familia que pueda brindarles todo el amor y apoyo a través de la formalización de una adopción.

Legalizar el aborto, no solo abrirá una puerta que incrementará los abusos en contra de las menores de edad ante la falta de castigo por ese crimen, sino que además, fomentará la cultura del aborto en las mujeres, quienes no dudaran en tomar como primera opción esta salida, y los guatemaltecos tendremos que soportar,  como día a día proliferaran las clínicas que lucraran con la muerte de estos indefensos seres humanos.

Por ello, como jurista, considero que la conducta de los diputados ponentes es punible, y los ciudadanos, las entidades en pro de la vida, así como el Ministerio Público, deben promover de forma inmediata las acciones penales en su contra, por haber atentado de forma directa en contra de los postulados reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.

“Me he dado cuenta de que todo el mundo que está a favor del aborto ya ha nacido”. Ronald Reagan.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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