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Se llamaba Ludvin

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COLUMNISTA

La muerte de Ludvin Bernal Tiul Chacach no debe quedar impune.  Ludvin era un niño de cuatro años muy enfermo, quien falleció dentro de un autobús que se encontraba varado por causa del bloqueo vial realizado por la organización Codeca esta semana.  Pese a su enfermedad, nadie sabe si el infante viviría, de haber podido ser auxiliado por los bomberos oportunamente.  En todo caso, él y su familia no han sido los únicos afectados por este tipo de acciones que violentan los derechos de muchos otros habitantes.

Anteriormente, me he pronunciado a favor de la manifestación pacífica y ordenada ante los sinsabores de la decadente política nacional.  Sin embargo, ser guatemalteca me obliga hoy a pronunciarme ante el deceso de un menor indefenso, que tristemente nació en donde sencillamente ya no existe respeto por las leyes; en cambio, éstas se tergiversan para dar cabida a los más espurios intereses.  Una cosa es opinar y pedir dentro del marco de la ley, y otra distinta es transgredir y delinquir.

¿Por qué delinquir?  Veamos que, al tenor del artículo 33 de la Constitución Política de la República, se reconoce el derecho de reunión y manifestación pacífica y sin armas, pero, dice: “…la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público…”. 

¿Hubo garantías?  ¿Hubo orden, cuando miles de personas y vehículos no pudieron movilizarse y gozar del –también reconocido– derecho a la libre locomoción?

El artículo 26 de nuestra Carta Magna reza: “Toda persona tiene libertad de…transitar…sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.

La palabra clave es “ley”, misma que está obligada a garantizar el orden público  para que, a pesar de ellas, el resto de ciudadanos se pueda movilizar conforme a sus necesidades y conveniencias.

Por años, en Guatemala y otros países que se ven obligados a soportar estos abusos –mientras se busca con dificultad mecanismos legales paralelos para delimitar dentro de la razonabilidad esa forma de expresión, como en México– ha sido permitido que se transgreda la ley en este sentido, pues se considera que en tanto los gobiernos más las permitan, más “civilizado” se es.  Grave error, pues a la luz del concepto de la “recta razón”, no puede considerársele un derecho con base moral ni con ética cuando éste se ejerce por sobre los derechos básicos de otros seres humanos.  Forzosamente, debe de existir “proporcionalidad” entre el derecho a manifestar y el derecho a circular con libertad plena, para hablar de una civilización, efectivamente.  Todo derecho genuino tiene por límite de sí mismo el principio del derecho ajeno, y su transgresión al tergiversar y manipular la ley, debe de ser castigada en proporción al daño causado.

Una reunión pacífica de ciudadanos con voluntad, opinión y peticiones concretas dentro del marco de la ley, idealmente debería de asentarse en un sitio en el que no estorbe la libre movilización del resto y cuya ubicación tenga relación directa con el tipo de peticiones que se servirá expresar (como La Plaza).  En los Estados Unidos, es común ver a los agentes de policía circular entre los manifestantes, con el fin de  que el grupo se mueva, para no generar un estancamiento de tráfico ni de personas.  Así, el “orden público” es garantizado efectivamente por quienes ostentan el monopolio para ejercer el poder coercitivo de la ley, es decir, las fuerzas del orden, como la policía.

El no permitir que las manifestaciones públicas rayen en delitos (como el chantaje y la extorsión) es un asunto interno de mera voluntad jurídica y política.

Quizás Ludvin viviría, de haber nacido en algún otro país…

TEXTO PARA COLUMNISTA

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