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TSE y consulta popular II

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NUEVO

Por Decreto 1-2017, emitido el 23 de octubre pasado, el Tribunal Supremo Electoral convocó a Consulta Popular para que los ciudadanos de la República manifiesten su acuerdo en someter a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios. Respecto de dicho decreto quiero agregar algunos comentarios a los vertidos en mi anterior columna.

Primero. Mi extrañeza por haber omitido el TSE citar el fundamento constitucional más importante del cónclave, cual es el artículo 19 de las disposiciones transitorias de la Constitución, cuya parte fundamental faculta al Ejecutivo “para realizar [todas] las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales.” Es obvio que la decisión del constituyente fue otorgarle al Ejecutivo todas las facultades necesarias para cumplir su encargo a cabalidad; pero el TSE lo entendió en sentido restrictivo.

Segundo. Dice el artículo tercero del decreto que se podrán realizar campañas de divulgación, información y formación cívica a favor de someter o no el Reclamo a la Corte Internacional de Justicia a partir del día siguiente de su publicación, “debiendo observarse en lo aplicable las normas que para las Elecciones Generales establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como por las específicas que emita el tribunal.” Entre éstas últimas el TSE ha prohibido “usar los recursos y bienes del Estado para la divulgación cívica”. También le ha prohibido a los miembros del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado o sus instituciones, “participar en actos de carácter político o de divulgación ciudadana”; y por si lo anterior fuese poco, que “las encuestas y estudios de opinión no podrán ser publicados los quince días previos al de la Consulta Popular.” ¡Por favor! Se trata de un asunto de Estado.

Atendiendo a su naturaleza constitucional y específica, la Consulta Popular carece de las características propias de un proceso electoral. Se refiere a un asunto que debe resolverse conforme a los “intereses nacionales”, así lo dispuso el constituyente. Me parece improcedente prohibir el uso de los recursos y bienes del Estado destinados para la divulgación cívica. ¿Cómo, entonces, podrá actuar el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Cómo podrá coordinar su labor divulgativa con los Ministerios de Educación, Defensa y Finanzas Públicas? ¿Resultarán responsables por financiar la campaña de divulgación, información y formación cívica? ¿Acaso caerá Maná del Cielo para sufragarlas? ¿Qué sentido tiene atar de manos al Ejecutivo en este caso?

Tercero. Hay miembros del Ejército que tienen un profundo conocimiento del terreno y del reclamo. En temas marítimos –cabe destacar— están altamente calificados; ¿por qué, entonces, se les prohíbe “participar en actos de divulgación cívica”? La actitud del TSE le impide al Ejecutivo aprovechar y utilizar estos recursos, cabe preguntar entonces: ¿Y que hay del interés nacional?

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TSE y consulta popular I

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