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Reafirmar La Paz

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Quienes se opondrán a la recién presentada reforma a la Ley de Reconciliación Nacional desde el Congreso, la prensa  y la auto denominada sociedad civil, son los que se benefician de forma directa o indirecta de la prostitución del enfrentamiento armado interno; aquellos que hacen dinero a base de resarcimientos derivados de casos judiciales contra nuestros veteranos de guerra, los mismos que reciben donaciones multimillonarias de organizaciones internacionales que dicen defender los derechos humanos. Son los gánsteres que infectaron con su ideología el sistema de administración de justicia a partir de los casos Mack y Gerardi, hasta el día de hoy. Esos que saben que la única manera en la que pueden hacerse con el poder Ejecutivo, es a través de un golpe de Estado técnico.

El propósito de la reforma a la Ley de Reconciliación no es solamente el de hacer que se cumpla el espíritu que la originó, que no es otro que el propósito de vivir en paz, pero también eliminar uno de los principales obstáculos que enfrenta el país para poder avanzar hacia su desarrollo.

El mercantilismo que priva en quienes manejan el permanente conflicto causado por el incumplimiento  del contrato de la firma de la Paz -que es exactamente eso, un contrato que debe respetarse, firmado entre el gobierno y la guerrilla-, mantiene el país en un enfrentamiento constante, azuzado por la comunidad internacional, cuya ingenuidad es aprovechada por algunos vivos que encontraron un filón de oro en los procesos judiciales derivados de la guerra y en la confrontación permanente, explotando la precariedad de muchos, que no alcanzan a darse cuenta que quienes los mantienen sumidos en la pobreza son los mismos que los utilizan como masa.

Desde el Congreso se opondrán los que se han beneficiado del descarado robo de resarcimientos, y desde la sociedad civil aquellos cuyas organizaciones no existirían si los fondos que reciben fuesen fiscalizados con el propósito de que sean utilizados de forma positiva, y no para azuzar la confrontación y beneficiarse de manera personal con dinero que va a dar a sus bolsillos.

Algunos preguntarán entonces el por qué de las acciones judiciales que hemos presentado en contra de los responsables de salvajes actos terroristas durante la guerra, si reclamamos que la ley indica que la amnistía beneficia a los dos bandos. La respuesta se resume en tres palabras: por si acaso. Por si acaso no son aprobadas las reformas a la Ley de Reconciliación, entonces continuaremos con nuestro esfuerzo para que los terroristas también vayan a prisión, y sean sometidos a procesos penales bajo las mismas condiciones en las que han sido sometidos nuestros soldados.

Nadie, absolutamente nadie, debería estar sobre la ley, y nos guste o no, la firma de la paz firme y duradera en 1996, dio origen a la Ley de Reconciliación Nacional, que incluye amnistías para ambas partes en conflicto. Si estamos a favor o en contra de la ley, lo único que podemos hacer es opinar, pero no pasar sobre ella. De hecho, son varios los jueces que han cometido el delito de prevaricato, al emitir resoluciones ilegales con respecto a procesos relacionados con el enfrentamiento armado interno.

Se debe comprender que estamos reafirmando la paz que se firmó hace 21 años, para que se puedan cumplir los acuerdos que incluye ese contrato, y así Guatemala por fin pueda avanzar hacia el futuro, dejando atrás el lastre que la tiene anclada en el pasado, porque si ellos no olvidan, nosotros tampoco olvidamos, y si ellos no perdonan, nosotros tampoco perdonamos.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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