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Antecedentes penales violatorios

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Los antecedentes penales son una marca formal que estigmatiza a quien ha sido privado de libertad y reduce sus posibilidades de hacer vida en sociedad.

Incontables personas que han estado en prisión o condenadas, intentan conseguir empleo, pero esa huella es un obstáculo para obtenerlo, puesto que los patronos rechazan a quienes poseen antecedentes penales.

Diversas empresas buscan esta información pese a que la Constitución prohíbe que los antecedentes penales afecten o restrinjan el libre ejercicio de los derechos de las personas, y no obstante el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución, el 100% de las instituciones públicas y privadas revisan los antecedentes antes de contratar a alguien.

Miles de ex prisioneros son expulsados del sistema y del mercado laboral, arrastrando sus vidas a la precariedad. El desempleo como fuente de conflicto social, motiva el fenómeno de la “puerta giratoria”, es decir, la reincidencia en la comisión de nuevos delitos como una manera de sobrevivencia, lo que además compone la antítesis de la reinserción social efectiva.

Aunque los antecedentes penales son parte de la existencia pasada de las personas, también constituyen datos “sensibles” porque se derivan de una condena penal, por lo tanto, el Estado debe evitar la divulgación para que no afecte la reinserción a la sociedad de estos individuos.

Es lógico suponer que la persona afectada no desea que personas ajenas conozcan este tipo de información, por el alto riesgo a ser discriminado. Garantizar la protección de esta información le puede significar una segunda oportunidad a quien los posee, porque representará el derecho a la reinserción social efectiva.

No obstante que existe el derecho a la vida privada y protección de los datos personales, especialmente los “sensibles”, se permite su uso en fines distintos para los que fueron recabados. Por ejemplo, se vende información para obtener empleo, lo cual violenta este derecho al rebasar la esfera de privacidad de las personas y afectar el ejercicio de otros derechos y libertades.

Es obligación de todo Estado resguardar esta información.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Loayza Tamayo vrs. Perú declara que la divulgación de este tipo de información puede alterar en forma sustancial el desarrollo de la persona y “dañar su proyecto de vida”, en la medida que “por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses”.

Simultáneamente, el Estado debe implementar un programa de asistencias y tratamiento post-penitenciario a fin de permitir y facilitar la efectiva reincorporación a la sociedad libre y la inserción laboral de los liberados, lo cual promoverá la prevención y el descenso del fenómeno criminal.

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