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Los nuevos conciudadanos

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COLUMNISTA

La Dirección General de Migración, es una entidad pública cuya misión principal es verificar y controlar la inmigración irregular de personas que, en determinado momento, puedan poner en el peligro la estabilidad y seguridad del Estado, su soberanía, o los intereses de otros estados.

En Guatemala, existen muchos controles migratorios para detener no solo el flujo de personas ilegales, sino que también de armas, drogas o cualquier otro producto ilícito que pretendan ingresar al país. Debido a ello, por ejemplo la Sub Dirección de Operaciones de Extranjería, rama de la Dirección General de Migración, tiene encomendada la misión legal de examinar de forma cuidadosa y técnica, cada uno de los requerimientos que le sean presentados por extranjeros que, por algún motivo soliciten su residencia temporal o permanente en el país, ya sea por motivos de trabajo, de matrimonio, de estudio, de recreación, etc. Esto, con el objeto de evitar a toda costa que personas con intereses terroristas, criminales, racistas o de odio, pretendan ingresar al país para atentar en contra del propio Estado, de sus ciudadanos o de países vecinos, aprovechando la ubicación geográfica de la nación.

Es por ello, que la tramitación de residencias temporales, permanentes o de guatemaltecos naturalizados, debe llevar un estricto procedimiento de revisión que permita estudiar el perfil del nuevo residente, quien, por ley debe acreditar su permanencia ininterrumpida en el país por un plazo de dos a cinco años, carecer de antecedentes penales en su país de origen y en Guatemala, así como contar con un garante guatemalteco que pueda dar fe de su conducta. Todo esto asegura que el candidato a residente no sea un peligro ni una amenaza nacional o internacional.

Sin embargo, a inicios del año dos mil quince, autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAP), detectaron que del año dos mil diez al dos mil catorce, se otorgaron más de ciento seis documentos personales de identificación (DPI) de forma irregular, en su mayoría a ciudadanos que tienen como religión principal el Islam. El procedimiento que utilizó la estructura criminal transnacional fue el siguiente: para evitar que el futuro chapín ingresara al territorio guatemalteco, se envió por vía electrónica la documentación requerida a varios bufetes de notarios en la ciudad capital, quienes al recibirla dieron fe de que la persona se encontraba físicamente en el país, e iniciaron el procedimiento respectivo ante la Sub Dirección de Operaciones de Extranjería para obtener la residencia temporal, permanente o la naturalización del extranjero. Con posterioridad y previo pago a los delegados de la sub Dirección de Operaciones de Extranjería, la documentación migratoria fue autorizada y otorgada casi a la velocidad de la luz, cuando es de conocimiento general, que el trámite normal para ello oscila entre dos a tres años.

Con el documento migratorio en mano, el tramitador designado por la estructura criminal, acudió al Registro Nacional de las Personas (RENAP) con el objeto de solicitar la emisión del documento personal de identificación (DPI) del futuro residente, para ello, los contactos de la mafia internacional enviaron desde el país de origen del extranjero, un banner en tercera dimensión, en el cual se estampó la imagen a todo color del rostro del solicitante, el cual que luego se utilizó para la toma de la fotografía que pasó a formar parte de los registros informáticos del RENAP.  Para cumplir con el requisito de las huellas dactilares, los miembros de la estructura criminal acudieron a varios centros escolares, donde, bajo el engaño de calibrar las maquinas de identificación biométrica, tomaron y captaron las huellas digitales de los menores de edad, las que con posterioridad, fueron asignadas a los solicitantes de los documentos de identidad. Ya con el documento que los acreditaba como extranjeros residentes o en su caso como guatemaltecos naturalizados, se facilitó ingresar al país, o en su caso, obtener un pasaporte guatemalteco, que les permitiría viajar incluso a los Estados Unidos de América o algún país europeo.

La denuncia se presentó al Ministerio Público, y en pocos días, la fiscalía de delitos administrativos de aquella época, logró determinar que la persona que fungió como Sub Jefe del Departamento de Operaciones de Extranjería de la Dirección General de Migración en periodo en que ocurrieron los hechos denunciados, era nada más y nada menos que la licenciada Mayra Yohana Véliz López, quien ahora ostenta el cargo de Secretaria General del Ministerio Público. Debido a ese descubrimiento, casualmente fueron removidos de inmediato los agentes fiscales que tramitaron la investigación y en su lugar se nombraron a funcionarios incompetentes que no han realizado ni una sola pesquisa.

Ello, seguramente obedece a que la licenciada Mayra Yohana Véliz López, utilizó sus influencias para evitar ser investigada, pues, ningún fiscal en su sano juicio puede investigar y menos capturar a su jefa directa. Debido a que es imposible que el Ministerio Público se investigue a si mismo, la Fundación Contra el Terrorismo Guatemala en su calidad de querellante adhesivo en el proceso, solicitó en repetidas oportunidades primero, la inmediata separación del cargo de la Secretaría General de sus funciones, y segundo, el nombramiento de un Fiscal Especial, para que de forma objetiva e imparcial realizara una prudente y correcta investigación, que al final lograra establecer y determinar la presunta responsabilidad de la licenciada Véliz López en los hechos denunciados. Sin embargo, las peticiones efectuadas por la FCT por algún motivo se encuentran durmiendo el sueño de los justos en el despacho de la Fiscal General.

A todo esto, se tiene el conocimiento de que aquellos menores de edad, a quienes se les captó la huella digital, han empezado a llegar al Registro Nacional de las Personas con el objeto de tramitar y obtener su documentos personal de identificación, el cual les ha sido negado toda vez que sus huellas digitales ya se encuentran registradas en el sistema, solo que a nombre de otras personas, cuyas características físicas difieren a las de los chapines, con un lugar de nacimiento que no es el país de la eterna primavera, así como un nombre y apellido difícil de escribir y pronunciar. Lo que además de incomodo, les ha ocasionado un grave perjuicio, pues llegan a la mayoría de edad sin que puedan contar con el documento de identificación personal  que les servirá para buscar un trabajo, cobrar un cheque, inscribirse en la universidad, tramitar su licencia, etc.

Lo más lamentable de todo es, que las fechas en que se emitieron esos documentos migratorios ilegales así como las fechas en que se denunciaron los ilícitos, coinciden perfectamente con los tiempos en que tanto la Fiscal General Thelma Aldana, el paladín de la justicia selectiva Iván Velásquez Gómez y el propio ex embajador de los Estados Unidos de América Todd Robinson, iniciaron una supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, sin que a la fecha se hayan realizado los acostumbrados escándalos mediáticos para proyectar los rostros de los integrantes de la estructura criminal organizada que facilitaron la documentación migratoria a los ciento seis nuevos connacionales.

Al final de cuentas me pregunto: ¿Qué interés motivó a los ciento seis extranjeros, en su mayoría practicantes del Islam, obtener un documento guatemalteco de identidad?. ¿Será que la obtención de documentos de identidad guatemaltecos obedece a la facilidad para ingresar a territorio norteamericano o europeo?. ¿Cuántos de estos nuevos chapines se encuentran ya en tierras norteamericanas o europeas?. ¿Será que el gobierno presidente Donald Trump tiene conocimiento de estos hechos ilícitos que afectan la seguridad interna de su país?

Debido a ello, no me queda más que denunciar y exigir por esta vía a las autoridades guatemaltecas, así como a las autoridades de aquellos países que pudieron verse afectados con esa migración ilegal, que tomen cartas en el asunto y realicen desde ya todas las gestiones necesarias encaminadas primero para capturar, y en su caso extraditar a todos aquellos funcionarios públicos que participaron en esta operación ilegal; y, segundo, impedir que Guatemala continúe siendo utilizada por grupos del crimen organizado transnacional para la obtención ilegitima de documentos migratorios, que ponen en grave riesgo la seguridad nacional e internacional.

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