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Constitución y pena de muerte II

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Visto el tema desde la perspectiva jurídica, cabe recordar las palabras del criminalista Rafael Ruiz Harrell (Criminalidad y mal gobierno, México, 1998): “la creencia de que el criminal debe recibir un daño semejante al que causó, tiene dos defectos insuperables: por un lado, sólo tiene sentido como parte de un conjunto de nociones religiosas que resultan incompatibles con la moderna noción de la ley” y “porque el principio sólo puede aplicarse por analogía, o sea que el monto de la sanción resulta arbitrario”. Es un argumento falso ya que “la sanción penal requiere, de origen, de una justificación básica: debe estar dirigida a defender algo que toda la sociedad considere valioso” y tales valores necesariamente deben ser compartidos por todos los que están obligados a cumplir la ley, ya que la ley no puede negar con las sanciones que propone los valores que dice defender […] “castigar a quien mata a otro está justificado sólo si se cree en la vida como un valor. Se sanciona al homicida porque se cree en la vida como algo valioso, sólo que si el castigo es la pena de muerte, se niega el valor que decía defenderse y se deja la ley sin fundamento”. Es por ello que incluir la pena de muerte entre las sanciones legales implica “reducir la sociedad al nivel del delincuente, ya que en vez de defender valores… se está oponiendo una fuerza a otra” porque “la ley que olvida la justificación del valor, acaba por no tener ninguno”.

La Constitución –Ley Suprema— preconiza desde su Preámbulo como valor primario y fundamental de nuestro ordenamiento “la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social”, motivo organiza al Estado de Guatemala para proteger a la persona; y le impone como deber garantizarle a los habitantes de la República su vida, su libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; y, más aún, garantizar y proteger la vida humana desde su concepción. (Artículos 1º al 3º).

De acuerdo con nuestra Ley Suprema Sobre la pena de muerte no podrá imponerse con fundamento en presunciones; a las mujeres, a los mayores de sesenta años; a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos ni a los reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que la imponga son admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación que será siempre admitido para su trámite; y se ejecutará solamente después de agotarse todos los recursos. Dispone también que el Congreso de la República “podrá” abolir la pena de muerte (Artículo 18). Tal abolición es un acto político, que no jurídico porque la pena de muerte contradice los valores propios de la Constitución. Tácitamente reconoce que se trata de una aberración en su sistema axiológico. Que el Congreso “pueda” abolirla no significa que la pena de muerte tenga una posición privilegiada que impida su expulsión de nuestro ordenamiento jurídico por vicio de inconstitucionalidad por ser contraria a los valores que nuestra Constitución estima supremos. Y es que, al fin de cuentas, a la pena de muerte la regula una ley ordinaria como es el Código Penal.

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