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Ni más ni menos que Mayra Véliz

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En enero de 2015, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra algunos funcionarios de esa entidad, en referencia a que alteraron el Sistema de Registro Civil, modificando estados civiles de 106 extranjeros, beneficiándolos con el estatus de guatemaltecos naturalizados que, por la vía lícita, es complicado conseguir.

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Uno de los trabajadores del RENAP sindicado en la denuncia se encargaba, por medio de su usuario y contraseña en el sistema computarizado, de ingresar datos, fotografías e impresiones digitales sin que ninguna de las 106 personas se encontrasen físicamente en Guatemala, requisito indispensable para realizar los trámites. Otro funcionario se encargó de realizar la inscripción ilegal de los extranjeros como guatemaltecos naturalizados.

Los trámites efectuados son ilegales, puesto que para llevarlos a cabo se utilizó información, documentos y procedimientos anómalos, ya que las 106 personas jamás pusieron un pie en territorio guatemalteco, por lo que es imposible que realizaran los trámites correspondientes de forma personal, como manda la ley.

Además, se les extendió a los extranjeros Documentos Personales de Identificación (DPI), utilizando fotografías de alta definición impresas en mantas vinílicas en tamaño natural, con las que lograron engañar al sistema de la base de datos del RENAP, haciéndole creer que la persona se encontraba físicamente ante la cámara fotográfica.

El obstáculo que representaba la impresión de las huellas digitales lo salvaron, primero, haciendo constar que los extranjeros tenían manos o dedos amputados, y después, pagándole a menores de edad de un colegio ubicado en la zona 7, la cantidad de Q100 para que, bajo engaño, colaboraran en la supuesta calibración de una máquina de reconocimiento dactilar, que recogía sus huellas digitales para posteriormente asignárselas a los extranjeros.

En la estructura criminal se determinó también la participación de varios notarios, que con declaraciones juradas obviamente falsas, acudieron al RENAP a retirar los DPI.

En lo que respecta a la parte más delicada de toda esta operación mafiosa de dimensión intercontinental, la responsabilidad recae en la Sub Dirección de Extranjería de la Dirección General de Migración durante el gobierno de la UNE y parte del gobierno patriota, época en que se otorgaron ilegalmente los 106 documentos, operación en la que están involucrados subdirectores y directores de esa entidad, entre quienes resalta la hoy Secretaria General del MP, Mayra Véliz, quien como consta en el expediente correspondiente a dicho caso -en el que la Fundación Contra el Terrorismo  fue aceptada como querellante adhesivo el 4 de julio por el Juzgado Undécimo de Instancia Penal-, firmó muchas de las resoluciones haciendo constar que los extranjeros habían cumplido con los requisitos necesarios para su naturalización.

Los países a los que pertenecen los flamantes nuevos guatemaltecos son: Kazajistán, China, Líbano, Rusia, Alemania, El Salvador, Francia, Siria, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Marruecos, Irak, Hungría e Italia. De esos países, más de la mitad tienen como su principal religión el Islam, lo que hace pensar inevitablemente en la alta posibilidad que algunos de estos  chapines instantáneos puedan ser terroristas, que ahora se mueven por el mundo con documentos que les hacen más fácil operar que los de Siria, por ejemplo.

De ahí que Mayra Véliz encabezara las protestas violentas del 14 de septiembre, exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y apoyando al colombiano Iván Velásquez quien, junto a su asistente Thelma Aldana, dejan pasar este grave acto de corrupción que bien puede a su vez servir de mucho al terrorismo internacional, constituyendo otro ejemplo más de la persecución penal selectiva que practica el colombiano.

Este es otro caso que debe investigar, ni más ni menos que… Mayra Véliz.

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