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Cárceles, negocio lucrativo

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En Estados Unidos la cárcel es un negocio sumamente lucrativo porque cobran entre 40 y 60 dólares por preso, de los enviados de las prisiones públicas luego de su clausura.

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En España y otros países como el nuestro, en donde las cárceles dependen del Estado, para cumplir con la función de reinserción social se firman convenios con empresas para que impulsen actividades en las prisiones y ofrezcan trabajo a los presos. Sin embargo, les pagan sueldos ínfimos, tampoco les ofrecen derechos laborales ni el pago de seguro social. Además, se ahorran pagar luz, agua y alquiler de bodegas, entre otros.

No obstante, el negocio de la cárcel no se queda ahí. En un sistema tradicional como el nuestro, la prisión se convierte en negocio redondo para los presos, autoridades y agentes penitenciarios. Los negocios más fructíferos son la venta de substancias ilícitas, como drogas, alcohol y celulares; comida, espacio para dormir (camas o planchas), alquiler de mesas, sillas, licuadoras, estufas, ollas.

En prisión todo producto que se vende es muy costoso, porque quienes tienen ventas de estos productos deben pagar a las autoridades para que les permitan su acceso.

En la cárcel todo se paga, incluido el sector donde se permanecerá. La clasificación de reos, se realizan de conformidad al perfil económico. Cuando un nuevo recluso ingresa, se abre subasta entre los sectores, en la cual los voceros de los sectores pujan para tenerlo, ofreciendo entre un mil hasta cantidades exorbitantes dependiendo del poder adquisitivo del detenido. El dinero que se pagó para ir al sector que más ofreció, posteriormente se le cobra.

Además, el reo debe pagar una cuota para mantenerse en ese sector, tener protección a su integridad personal, no hacer limpieza y derecho a hablar por teléfono, entre otros beneficios.

“Talacha” llaman a esta extorsión de unos reclusos contra otros, aunque oficialmente no podemos decir que hay extorsiones en los recintos carcelarios porque la gran mayoría de presos prefieren callar y no denunciar porque pone en peligro su integridad física y la de su familia, pero conjuntamente no se investiga de oficio para identificar a los responsables.

Quien no paga talacha puede sufrir daños irreparables, como lesiones graves y hasta perder la vida. Recientemente un detenido murió a golpes en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, por no pagar, y en el Centro de Rehabilitación para Hombres de Puerto Barrios, por una golpiza dejaron a un recluso sin un ojo.

Sin lugar a dudas, esta práctica solo da cabida a que los internos vivan en un ambiente de terror en el cual la vida no tiene valor y que otros se enriquezcan ilícitamente. La talacha vulnera los derechos humanos de los privados de libertad como lo ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), porque violenta el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

No obstante, que esta cuota no es exigida directamente por agentes estatales, también lo es que existe permisividad de las autoridades y agentes para dejar pasar esos cobros porque reciben dividendos de lo recaudado y no obstante ser un secreto a voces, persiste la omisión de investigar. En virtud de lo anterior, la talacha constituye un acto de tortura y trato cruel e inhumano porque con el conocimiento de agentes estatales y algunas veces con su anuencia, los presos intimidan y amenazan a otros, con acciones violentas contra ellos y sus familiares de no pagar.

El Estado tiene el deber de tomar acciones preventivas para los detenidos debido a que están bajo su custodia.

En la sentencia Chinchilla Sandoval versus Guatemala, la Corte IDH reiteró: “El Estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables [en su caso] de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

La Corte IDH, además establece que el Estado tiene “una obligación especialmente acentuada y un elemento condicionante para garantizar el derecho a la vida”. Es decir, cuando existe una muerte en un recinto carcelario las autoridades tienen el deber de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, con la debida diligencia y sustanciada “por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad”.

Además, “la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares.”

En lo personal, espero que el Estado de Guatemala asuma la responsabilidad que tiene frente a este grupo vulnerable, tome como referente la protección de los derechos humanos y la dignidad de todo ser humano para proceder a efectuar la investigación de forma integral de este flagelo, entre ellas, averiguar todas aquellas muertes producto de actos violentos en centros penitenciarios porque muchas seguro se derivan del no pago de la talacha.

No se debe esperar una denuncia formal de los presos y sus familiares, ni de jueces, Procuraduría de Derechos Humanos o de la Oficina de la Prevención de la Tortura, sino hacerla como acto propio, como lo demanda la Corte IDH, con la finalidad que la cárcel deje de ser un mundo de horror para unos presos y un negocio rentable para otros.

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