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La sucia Corte de Constitucionalidad

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COLUMNISTA

La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, en beneficio de todos los guatemaltecos.

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Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto como este tribunal constitucional, ha degradado su actuación hasta el punto de convertirse en una guarida de integrantes de la supuesta sociedad civil, quienes junto al Procurador de los Derechos Humanos, han utilizado  los sucios oficios de estos magistrados, no solo para desestabilizar el orden público a través de sus aberrantes actuaciones, sino que además han dejando en total desamparo a los ciudadanos más vulnerables del país, con el recién fallo emitido y por virtud del cual se declara inconstitucional la condena a muerte en varios hechos delictivos de grave impacto social.

No es un secreto que la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, tenga instalada dentro de la propia Corte de Constitucionalidad, una oficinita encargada de confeccionar todas las acciones de amparo que le sean requeridas por sus comparsas de la mal llamada sociedad civil, las que, con posterioridad son utilizadas ya sea para desestabilizar el estado de derecho, para proteger algún delincuente afín a sus intereses ideológicos, o para impedir a toda costa la salida del hampón Iván Velásquez Gómez del país, lo que permitiría el arribo inmediato de un nuevo comisionado que vendría a perseguir a todas estas mafias incrustadas incluso en el seno de la Corte de Constitucionalidad.

No es un secreto tampoco el poder que por algún motivo ejerce la magistrada Porras Escobar de Pacheco, sobre los demás merluzos que integran esa Corte de Constitucionalidad, poder que ha utilizado por ejemplo, para proteger por más de cinco años a la ex directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, sindicada del delito de ejecución extrajudicial, ó para impedir la continuación del proceso penal que se sigue en contra del sindicado Orlando Salvador López, el exjefe de la fiscalía de Derechos Humanos, quien mató de forma cobarde al señor Elmer Aldana Pesquera en el municipio de Teculután, retraso que sin duda obedece a que este asesino corrupto fue uno de los fiscales que promovió la farsa del genocidio en Guatemala.

Y que decir del amparo provisional-definitivo que hace unos meses otorgaron al Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, por virtud del cual se suspendió en definitiva la facultad presidencial de declarar non grato y expulsar del país al Comisionado Iván Velásquez Gómez, debido a las continuas violaciones a la Constitución Política de la República, las que al parecer tendremos que seguir tolerando por el resto del tiempo que le queda a este mafioso en el país, pues, así lo resolvió esa Corte el día dieciocho de octubre de año en curso, cuando de manera ilegal ordenó a la Ministra de Relaciones Exteriores, revocar la conminatoria que le fuera impuesta al Comisionado para respetar la Constitución Política de la República y la ley. Vaya defensa de la Constitución.

Hasta llegar al punto de la máxima expresión de ilegalidad que ha emitido este órgano estatal cooptado por el crimen organizado, por virtud del cual los ranfleros que la integran, declararon con lugar la inconstitucionalidad general parcial promovida en contra de varias normas penales cuya transgresión se condena a muerte. Los empleados de Gloria Porras olvidan que los índices delincuenciales en Guatemala aumentan cada día debido a las políticas erróneas que implementa el incompetente de Gobernación y la disoluta Fiscal General, prueba de ello es que tenemos un promedio de veinte homicidios por día, los secuestros en sus distintas modalidades atacan directamente a la población de todo el país, los delitos sexuales en contra de mujeres y niños afloran de una forma desmedida, las extorsiones y crímenes en los barrios marginales tienen a los ciudadanos de rodillas ante el ataque continuo de las maras, mientas que los sicarios operan con total impunidad. Ahora estos crímenes ya no serán sancionados con la muerte del criminal, pues, gracias al aberrante fallo que la Corte de Constitucionalidad emitió, no solo debemos tolerar que nos asesinen, secuestren o extorsionen, sino que además tendremos por obligación que mantener y garantizar del pago de nuestros impuestos el derecho a la vida, a la alimentación, al uso de sus dispositivos móviles, a las visitas conyugales y a las fiestas continuas que hacen dentro de las cárceles, los asesinos, secuestradores, mareros, extorsionistas o violadores sentenciados.

Al parecer, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, desconocen que las cárceles en Guatemala, no son más que escuelas del crimen organizado, donde los reclusos perfeccionan sus habilidades delictivas y extienden la cobertura de las mismas a todo el país. Por ello, en un sistema con altos índices delincuenciales, la política criminal recomienda endurecer las penas y los castigos a los delincuentes, así como ejecutarlos cuando cometan hechos deleznables, primero porque la condena a muerte ha logrado ser un efectivo mecanismo disuasivo en  la población criminal y segundo para eliminar de una vez por todas a criminales perpetuos.

Fue fácil abolir la pena de muerte para estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues, por el cargo que ostentan, seguramente se movilizan en vehículos blindados, con dos o tres coleros, con una decena de agentes de seguridad que portan armas de grueso calibre, todo esto pagado por los guatemaltecos, y a quienes seguramente, nunca les han asesinado, violado, secuestrado a un familiar, o que por fortuna no viven en un arrabal donde continuamente miles de guatemaltecos son asediados por grupos de antisociales que ahora sentirán la protección del Estado para poder delinquir sin temor a ser fusilados por sus crímenes.

Caso contario será para los ciudadanos honestos de este país que por algún azar del destino tengamos que defendernos de la agresión de algún criminal, donde seguramente Jordán Rodas, el flamante procurador de los derechos de los criminales, rápidamente emitiría una condena moral y los pseudo defensores de los derechos humanos, en compañía del Ministerio Público, retorcerán la ley para convertir a la víctima en victimario y así encarcelarlo preventivamente por el resto de sus días.

Como es costumbre, el fallo ilegal fue aplaudido únicamente por Jordán y por los integrantes de la supuesta sociedad civil, quienes, dicho sea de paso, únicamente representan sus cochinos intereses, pues, un fallo de esta magnitud les asegurará los ansiados premios, condecoraciones, viajes y donaciones de países que generan conflictividad social.

Si usted es de los que día a día salen a trabajar arriesgando su vida en un bus urbano, o en su vehículo particular, y obviamente no cuenta con las condiciones para mantener un cuerpo de seguridad que lo defienda de las continuas agresiones de los antisociales, o vive en un sector donde impera la violencia, le pido que analice la situación y que proceda a manifestar su descontento con esta aberrante actuación de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por virtud de la cual pretenden castigar al ciudadano honrado y premiar al delincuente.

Debido a ello, se hace necesario promover de urgencia una acción penal en contra de los Magistrados de la Corte de la Constitucionalidad que emitieron ese engendro constitucional, para que de esta forma, a través de un procedimiento legal se logre, no solo castigarlos por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y resoluciones violatorias a la Constitución, sino que además revertir ese fallo ilegítimo, pues, en caso contrario es decir que no se promueva una sola acción legal en contra de estos gamberros de la Corte de Constitucionalidad, tengan por seguro que los índices de criminalidad aumentaran de forma desmedida en perjuicio de los intereses de los guatemaltecos.

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