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Constitución y pena de muerte

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A favor de la pena de muerte se invocan dos argumentos fundamentales: que reduce la criminalidad porque el temor de perder la vida disuade a los delincuentes y que el castigo que reciba un criminal debe ser semejante al daño que causó.

Ambos argumentos son falsos. El primero porque “no es la severidad del castigo prometido lo que disuade al delincuente, sino la probabilidad de verse castigado… El infractor que tiene la certeza de que será sancionado… acabará por cumplir la ley… cuando la ley no se aplica, no se conseguirá resultado alguno estableciéndose penas más severas. Por otra parte, la pena de muerte, quizá por su carácter definitivo, parece alentar la delincuencia”; por ello, en vez de incrementar las penas, “deberían buscarse medios para aumentar la proporción de delincuentes que llegan a ser sancionados”. El segundo porque “la creencia de que el criminal debe recibir un daño semejante al que causó, tiene dos defectos insuperables: por un lado, sólo tiene sentido como parte de un conjunto de nociones religiosas que resultan incompatibles con la moderna noción de la ley” y “porque el principio sólo puede aplicarse por analogía, o sea que el monto de la sanción resulta arbitrario” porque “la sanción penal requiere, de origen, de una justificación básica: debe estar dirigida a defender algo que toda la sociedad considere valioso. Tales valores necesariamente deben ser compartidos por todos los que están obligados a cumplir la ley ya que “la ley no puede negar con las sanciones que propone los valores que dice defender…  El homicidio es un claro ejemplo: castigar a quien mata a otro está justificado sólo si se cree en la vida como un valor. Se sanciona al homicida porque se cree en la vida como algo valioso, sólo que si el castigo es la pena de muerte, se niega el valor que decía defenderse y se deja la ley sin fundamento…”

Incluir la pena de muerte entre las sanciones legales es reducir la sociedad al nivel del delincuente, ya que en vez de defender valores… se está oponiendo una fuerza a otra” ya que “la ley que olvida la justificación del valor, acaba por no tener ninguno. (Rafael Ruiz Harrell, Criminalidad y mal gobierno, México, 1998).

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