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Principios ´contemporáneos´ de economía social de mercado

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Dentro de las economías maduras; pero también, en la evolución contemporánea de aquellas economías emergentes; hay una tendencia generalizada para que los Estados acuñen “la responsabilidad social y ambiental” con enfoque empresarial dentro sus territorios en busca de productividades que los haga más competitivos con la finalidad -lógica- de incrementar sus ingresos de caja hacia el Estado mismo. Derivado de esto y sobre la base de los presupuestos generales, los gobiernos deben implementar políticas que permitan llevar bienestar a su población con efectividad y transparencia. Esto es un estándar en los países industrializados, transferido a los países emergentes; lamentablemente, este anhelo, ha quedado diferido en el tiempo a falta de efectividad de las políticas públicas en la mayoría de los países del hemisferio.

Desde la óptica de la Economía Social de Mercado, un mecanismo para devolver o llevar recursos hacia las políticas públicas y sociales, es lo que plantea Thomas Piketty en su libro, El Capital en el Siglo XXI: iniciar reduciendo el déficit fiscal presupuestario; ya que ello, contribuirá a minimizar la deuda pública <<excesiva>>  manteniéndola al mínimo posible respecto del PIB.  Con lo cual; los Estados, tendrían en  disponibilidad más recursos para atender sus políticas sociales, sin comprometer inter-generacionalmente a su sociedad. Con la condición, que estas acciones vayan acompañadas (o acompasadas) de políticas de saneamiento fiscal. Impostergables.

En el libro, El Capital en el Siglo XXI, se argumenta que si no es por esta vía -del saneamiento fiscal-, el Estado siempre tendrá que pagar la deuda: 1. Bien por una política de ajuste – de austeridad- en el gasto social afectando la economía por el lado de la demanda e impactando directamente en el mercado laboral. 2. O bien, implementando el fantasma de la inflación afectando el bolsillo de la población. En este sentido del irremediable  pago de la deuda pública; el autor de El Capital en el siglo XXI sugiere el pago de ésta, apoyando políticas tributarias socialmente inteligentes. Ejemplo: un impuesto racionalmente progresivo a las ganancias del capital para no afectar los recursos que se ahorran en inversión;  pero, sin perder de vista la importancia de ampliar la base tributaria que incorpore -gradualmente- el mercado informal a las estructuras formales del sector tributario. La reducción de la deuda pública que Thomas Piketty sugiere; se estima, es lo más razonable y menos pervertido para una sociedad como la guatemalteca que sobrevive con salarios de ajuste mínimos.

Es justamente en la implementación de estos aspectos que la Economía Social de Mercado rediseña sus principios hacia: 1. Todo el Estado que sea necesario para todo mercado posible, respectivamente; 2. Ningún derecho sin responsabilidad y ninguna autoridad sin democracia; 3. Hacer más con menos -El Estado- con rendición de cuentas y auditoría social; 4. Una educación con cobertura y calidad igualitaria con enfoque de idiomas maternos y, 5. Una eficiente recaudación fiscal para una mejor política social en consenso con los sectores activos de la economía nacional.

El objetivo, es: acercar, al lector, el enfoque de la Economía Social de Mercado  para encontrar puntos de convergencia de interés socio-económicos; como los atendidos en el párrafo anterior, e ir en la búsqueda de una mejora de los indicadores de ´Desarrollo Humano´ ante el franco desafío de mitigar el flagelo del Hambre y la Pobreza. Procurando, paralelamente, avanzar en la reducción de las desigualdades (educativas, laborales y salariales). Esfuerzo que nos debería conducir escalonadamente al año 2030 hacia una mejorar de los indicadores sociales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.

Ahora bien; tocante al sector rural informal, permítaseme dispensar en otro artículo, el abordaje  de una propuesta que busca formalizar gradualmente a los productores del campo que no forman parte del sistema tributario. Acerca de esto, un adelanto se vislumbra desde las leyes gemelas: 1. Ley de Alimentación Escolar, que promulga la utilización de un mínimo del 50 por ciento de su presupuesto para compras de productos locales especificados dentro de la dieta escolar; y 2. La iniciativa de Ley de Agricultura Familiar…, pendiente de aprobación. Ambas políticas, se complementan en su aplicación. Una de ellas, compra productos alimenticios locales y la otra, promueve la venta de estos productos  -esperando satisfacer la demanda. En este sentido, el intercambio comercial local; acompañado del Sistema Nacional de Extensión Rural -SNER- (que hace falta fortalecer), debería traducirse en una mejora de la economía familiar dentro del territorio nacional. Falta ver y esperamos que así, sea.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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