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Urge destituir a la Procuradora General De La Nación

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COLUMNISTA

La Procuraduría General de la Nación (PGN), es una entidad pública que tiene por objeto, asesorar a los órganos del Estado en materia jurídico-administrativa.  Representa al Estado en las contiendas judiciales que se promuevan en su contra, así como promueve las acciones jurídicas pertinentes, cuando determine que la actividad de los funcionarios o empleados públicos riñe con la ley.

De esa cuenta, el abogado del Estado tiene como misión constitucional denunciar y constituirse en sujeto procesal en contra de cualquier funcionario o empelado público que, en ejercicio de su cargo violente la Constitución Política de la República o la ley. Es más, su función asesora lo obliga incluso, a recomendar al Presidente de la República la destitución de cualquier funcionario o empleado público cuya actuación no se apareje al mandato constitucional. Pues, en caso contrario, es decir que el Procurador General de la Nación no cumpla a cabalidad su función asesora o litigiosa encomendada, deberá ser removido de su cargo para no afectar los intereses de la Nación.

Sin embargo, esa misión constitucional se ha degradado enormemente con la actuación nada profesional de la Procuradora General de la Nación, licenciada Gladys Annabella Morfín Mansilla, quién faltando dolosamente a su mandato, ha omitido asesorar técnicamente al Presidente de la República en aspectos de administración pública, así como ha incumplido su función litigiosa de promover las acciones judiciales correspondientes. Por ejemplo, en contra del Procurador de los Derechos Humanos, quien al estilo de cualquier líder pandillero incitó a la violencia en las recién pasadas manifestaciones, o en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por las aberrantes resoluciones que en materia de amparo han emitido y por virtud de las cuales se limitó al Presidente de la República la facultad constitucional de declarar non grato y expulsar al Comisionado Iván Velásquez Gómez del país. Debido a las múltiples acciones ilegítimas que este emprendió en contra de la institución presidencial, acciones que fueron aplaudidas por la licenciada Morfín Mansilla, quien llegó al punto de condicionar al Presidente para que abstuviera de continuar con las gestiones encaminadas a expulsar al non grato.

De la misma forma omitió asesorar al Presidente de la República para que aceptara inmediatamente las renuncias de los tres pusilánimes ministros que fueron nombraros por exigencias del ex embajador de los Estados Unidos de América Todd Robinson, a quienes además debió haber denunciado debido a las malas gestiones realizadas en los cargos de gobernación, trabajo y finanzas. Debió además recomendar al Presidente de la República la destitución y encausamiento penal del Súper intendente de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano Foppa, no solo por los mensajes sediciosos y tendenciosos que emitió en las redes sociales, sino que además por haber amenazado de forma cobarde y escondido detrás de un dispositivo móvil a un sector productivo de la población, y que dicho sea de paso, no logró nuevamente la meta de recaudación fiscal, lo cual ratifica su completa ineptitud para dirigir la entidad recaudadora del país.

Al día de hoy los guatemaltecos no hemos visto una sola gestión judicial o administrativa que haya emprendido la Procuradora General de la Nación en favor de los intereses del Estado, de la soberanía nacional o en defensa de la institución presidencial, pues las pocas e insípidas acciones de la abogada Morfín, se han enfocado en criticar la gestión gubernamental, así como en proteger a toda costa los cuatrocientos mil quetzales mensuales que percibe el colombiano por su estadía en el país. Si de algo puede estar segura la Procuradora Morfín Mansilla, es que los guatemaltecos haremos uso de las acciones penales que nos corresponden por su mala actuación y que afortunadamente el plazo de prescripción para ello es largo en el tiempo.

Mientras la abogada del Estado continúe haciéndose de la vista gorda en asuntos de interés nacional, difícilmente podremos salir de la problemática jurídico-política que tiene sumido al país en una grave crisis de empleo, falta de inversión e inseguridad.

Me resulta difícil entender por qué el Presidente de la República no toma el valor necesario y activa de forma inmediata el mecanismo de destitución regulado en el artículo doscientos cincuenta y dos de la Constitución Política de la República de Guatemala y destituye a la Procuradora General de la Nación. Debido a las graves acciones delictivas en que ha incurrido, y nombra en su lugar a un abogado competente e idóneo que tenga los arrestos suficientes no solo para asesorarlo técnicamente en asuntos de Estado, sino que también para que inicie las acciones judiciales respectivas en contra de todos aquellos funcionarios públicos que se han apartado del mandato legal; pues en caso contrario, es decir que continúe en ese letargo que los ha caracterizado, seguramente pasará la noche buena encarcelado junto a su hermano e hijo, y los guatemaltecos gobernados por una persona a quien no elegimos a través del sistema de sufragio universal.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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