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Hoy como ayer, hormiguero alborotado por las obras

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Ya pasamos fechas que marcan la revisión y discusión del presupuesto general de ingresos y egresos del estado, para el período fiscal 2018, conforme a fundamento constitucional (Capítulo IV, Artículo 237), presentado por el organismo ejecutivo al legislativo. De siempre surge el amplio, controversial y fundamental tema de la inversión pública. Y también los titulares de primera plana de los principales medios alertan que se alborotó el hormiguero, léase, aquello de la repartición del pastel, las obras de inversión previstas a partir del año  2018.

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Retrotrayéndonos a una década atrás, ya en 2007, Ana de Molina quien fungiría como ministra de educación, expresaba que “los partidos políticos…tendrán una acción  determinante en el cabildeo y negociación política por asignar  mayor y mejor inversión para la educación, considerada esta una prioridad y un derecho humano fundamental” (siglo21, 18 de abril, 2007). Por supuesto, hoy como ayer, la tajada principal es el listado geográfico de obras, aderezada con el sí y el cómo, de obligada redistribución.

La crítica honesta y bien informada, lleva a coincidir con aspectos también repasados años atrás, tal lo expuesto por el ex ministro de finanzas, Alejandro Arévalo, indicando que “existe una iniciativa de ley para que los legisladores, los alcaldes y los gobernadores no tengan relación directa, parentesco o negocio con las obras.”(el Periódico, 29 de septiembre de 2012), entendido en cuanto a que tal iniciativa proponía el ordenamiento, control y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Y hoy como ayer, seguimos con aquello de que, si bien el Estado cuenta con un sistema de inversión pública formalmente implementado, su operatividad queda lejos del requerido grado de efectividad, como lo describe muy claro el economista Edgar Pape Y.(“Descentralizar la lucha anticorrupción”, el Periódico, 25 de agosto, 2017). Agreguemos que aparte la consabida ineficiencia propia del manejo burocrático gubernamental, causante del tortuguismo y la pobre ejecución de la inversión, repasando de cerca el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- conocemos de sobra las fortalezas y debilidades que enfrenta el mismo. Entre fortalezas: forma parte de la estrategia de formulación del presupuesto; es  un sistema que de por sí, incorpora el seguimiento de proyectos para verificar permanentemente su avance; cada  proyecto registrado en el SNIP, tiene respaldo documental (perfil, pre factibilidad o factibilidad más diseños); es un instrumento robusto pro-transparencia y facilita la auditoría social; es bien visto por la Cooperación Internacional en Guatemala.

Debilidades: variadas barras de diputados, suelen no respetar la propuesta técnica (como  Programa de Inversión Pública) para el ejercicio fiscal, siempre ensartando la indeseable mano de mono política; en considerable proporción, los tales “políticos”, procuran evitar la metodología y disciplina que dictan las normas SNIP en la preparación de proyectos Y hay más, para más adelante.

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