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Transparencia por el caso Obedrecht

Columnista

El caso Obedrecht ha sido el más grande escándalo de corrupción a nivel global. La empresa brasileña dedicada a la construcción de infraestructura desveló cómo existía una red en América Latina al servicio de la corrupción para la adjudicación de obras de alta envergadura. La empresa contaba con 168,000 empleados y estaba presente en 28 países, entre los que se encontraba Guatemala, Colombia, Perú y Estados Unidos.

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Las investigaciones revelan que se entregaron en concepto de sobornos una cantidad millonaria que asciende aproximadamente a 135 millones de dólares, entre los años 2012 y 2015, de los cuales la evidencia muestra que en Guatemala fueron entregados 18 millones de dólares.

Guatemala, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, adjudicó a la empresa Obedrecht para la construcción de la carretera CA-2 Occidente, un tramo que comprendía 140 kilómetros –inicialmente-, con cuatro carriles, por una cantidad de 399 millones de dólares, que equivalían en ese momento a 2 mil 992.5 millones de quetzales. Una modificación realizada en el año 2013 del contrato inicial resultó en que los cambios realizados hicieran que el dinero alcanzara únicamente para 48 kilómetros, por el incremento en el valor de cada kilómetro.

Lo anterior destaca que no solo se pagó un sobre costo para la adjudicación de la obra, pues los sobornos se pagan para luego ser recuperados con la renta de la obra adjudicada, sino que el proyecto, al finalizar, no será ni la sombra de lo planificado inicialmente. Un tramo de 140 kilómetros con cuatro carriles.

La existencia de confesiones ante tribunales de los Estados Unidos de América y Suiza por parte de los personeros de Obedrecht respecto de sobornos entregados en Guatemala, deben tener como consecuencia que exista una investigación de fondo al respecto que desenmascare y desvele cuál fue la negociación detrás del proyecto de construcción de la carretera CA-2 Occidente.

En algunos de los países en donde se constataron el pago de sobornos, la empresa brasileña pagó sanciones económicas compensatorias por el daño producido. No obstante, esta semana se reveló por parte del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que se realizó una terminación anticipada del contrato y se liquidó el contrato con dicha empresa.

A todas luces esta negociación pragmática pone en riesgo los intereses del Estado de Guatemala. De momento no se ha revelado cuáles son las condiciones de liquidación del contrato. Sin embargo, al existir un incumplimiento por parte de la empresa brasileña debe ser necesario ejecutar las garantías proporcionadas e imponer sanciones de conformidad con el contrato y la ley.

Esta negociación se ha dado en la oscuridad. Un caso tan paradigmático para el combate a la corrupción global requiere de medidas transparentes por parte de los funcionarios del Estado. Si bien se pide un resarcimiento económico por haber obrado en la ilegalidad para obtener el proyecto, también ese resarcimiento debe ser moral, en donde los guatemaltecos puedan tener acceso a las decisiones administrativas gubernamentales respecto del caso; así como esclarecer la verdad y deducir las responsabilidades. Recordemos que las enfermedades que más afectan a este país son la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia.

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