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El sesgado informe de la Cicig

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COLUMNISTA

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala arriba a diez años de función en el país, debido a ello el Comisionado Iván Velásquez Gómez rindió hace unos días el informe de las gestiones realizadas por este adefesio internacional.

El informe cuya lectura puede hacerse desde la página virtual de la CICIG, de manera muy sucinta y reiterada, hace alarde a los supuestos logros obtenidos por la Comisión en materia de investigación penal, donde de nuevo citan por ejemplo la desarticulación de las estructuras criminales identificadas como la línea, negociantes de la salud, bufete de la impunidad, entre otras, así como el traslado de las supuestas capacidades al Ministerio Público en materia de política criminal, para terminar e insistir en la necesidad de implementar las reformas a la Constitución Política de la República y demás leyes en materia judicial.

Como todo informe que se presenta a la población, para poder utilizarlo como herramienta estadística o de información certera, debe contar por lo menos con la descripción completa de los logros obtenidos, de las proyecciones cumplidas, así como de las limitantes y fracasos en las investigaciones realizadas, para que así, los guatemaltecos podamos valorar de una forma objetiva e imparcial, la necesidad de la continuidad de este órgano internacional en el país. Pues, en caso contrario, es decir que el informe no incluya la totalidad de las gestiones realizadas, o que las mismas estén maquilladas a su favor, el resultado nos dará un falso positivo.

De la simple lectura que se haga del informe, podremos observar que por algún motivo, omitió incluir por ejemplo, que las personas que se encuentran sindicadas en los casos denominados la línea y negociantes de la salud, llevan más de treinta meses en prisión preventiva sin que el proceso avance para que pueda conocerse la sentencia respectiva. Esto obedece a que tanto la CICIG como el Ministerio Público, de manera maliciosa han promovido una serie de acciones y recursos constitucionales y ordinarios con el objeto de impedir la continuidad de los procesos, seguramente porque saben que las evidencias con las que se ligó y encarceló a muchos de los sindicados no son fundantes para obtener una condena en su contra. Por ejemplo, será muy difícil condenar al señor Edgar Armado Sac Coyoy, quien se encuentra vinculado de forma errónea al caso la línea, por haber confundido su apellido con el acrónimo Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), y por virtud del cual hoy lleva treinta meses de reclusión preventiva. O, el caso de aquél taxista que por un homónimo estuvo más de dos semanas preso, sindicado de pertenecer a la estructura criminal denominada Contenedores Fantasmas, lo que le valió además del espectáculo mediático a que fue sometido, quedar sin trabajo y endeudado con el pago de los honorarios profesionales del abogado que lo patrocinó. Claros ejemplos de ineptitud.

Se omitió también mencionar la persecución penal que por mas de ocho años se promovió en contra de los hermanos Valdés Paiz, a quienes de forma ilegal se les vinculó y encarceló por un crimen que no cometieron, y que gracias a la actuación de un valiente juez, el caso se sobreseyó, pues se logró establecer que el colaborador eficaz Mario Luis Paz Mejía, mintió en su declaración por orden de Luis Fernando Orozco el segundon de la CICIG.

Ó, el caso de la persecución penal que de forma ilegal se llevó a cabo en contra del doctor Alejandro Giammattei, el señor Carlos Vielman Montes, el doctor Javier Figueroa y el señor Erwin Sperisen a quienes se les relacionó en el caso denominado Pavo Real, y que culminó con la absolución de los implicados, así como con la libertad y nuevo juicio para Sperisen, pues de nuevo se logró acreditar que el colaborador eficaz que presentó la CICIG falseó su declaración.

El informe del colombiano no incluyó además, que los sindicados en el caso denominado Bufete de la Impunidad, que fueron encarcelados por más de veinticuatro meses, acusados de haber fraguado el otorgamiento de medidas sustitutivas, fueron beneficiados con una clausura provisional del proceso, pues nuevamente se logró determinar que el colaborador eficaz de la CICIG, Salvador González Álvarez mintió en su declaración por orden de Luis Fernando Orozco.

Tampoco incluyó el caso de las enfermeras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quienes estuvieron detenidas provisionalmente por más de veinticuatro meses, solo por haber comparecido en un  procedimiento administrativo de licitación de medicamentos por virtud del cual no se beneficiaron patrimonialmente en nada.

No se incluyó la protección que el propio Comisionado otorgó a la Fiscal General de la República, a quien Juan Carlos Monzón Rojas sindicó directamente de haberlo ayudado a él y a su esposa en el caso conocido como El Bodegón y por el cual hay quince personas capturadas. No se incluyó tampoco, la omisión en la persecución penal de los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República que presidió el diputado Mario Taracena, por el caso conocido como plazas fantasmas y por el cual sí se encuentran encarcelados los diputados que integraron las dos Juntas Directivas anteriores a la que presidio el diputado Taracena. Mucho menos se incluyeron los avances en la investigaciones del caso Transurbano, el cual involucra al gabinete del gobierno de Álvaro Colom Caballeros, ni el caso donde se sindicó a Ramiro de León Duque por haber firmado el contrato por el caso denominado Agua Mágica, por virtud del cual presuntamente se estafó al Estado de Guatemala y por el cual hay más de una docena de personas en prisión por ese hecho.

No se incluyó además el salvaje atentado que los elementos de seguridad del colombiano propiciaron en contra del joven Andrés Zimeri Sandoval, quien gracias a la pronta intervención médica se salvó de morir en manos de estos cobardes asesinos, que seguramente se encuentran impunes gracias a los oficios del apocado Velásquez Gómez.

Como tampoco incluyó la trágica muerte del licenciado Pavel Centeno en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, a quien luego de haberlo asesinado lo expusieron como un suicida, a pesar de que el informe médico forense señaló que el licenciado Centeno falleció debido a tres impactos de arma de fuego. Vaya capacidades de investigación.

Por ello, el informe sesgado que rindió la CICIG, no puede tomarse desde ningún punto de vista como concluyente, pues el mismo carece de la más elemental objetividad para ser tomado como referente de la gestión realizada por el paladín de la justicia selectiva. Debido a ello, por objetividad me veo en la obligación moral y ciudadana de completar dicho informe haciendo memoria de las tropelías en que ha incurrido la CICIG en esa falsa lucha en contra de la corrupción y la impunidad, a efecto de que la población guatemalteca, pueda hacer un justo análisis de la actuación del non grato a lo largo de su estadía en el país.

Mientras Iván Velásquez Gómez continúe favoreciendo los intereses de sus allegados ideológicos y políticos, no podremos hablar de avances en materia de política criminal o justicia, y difícilmente podremos enderezar el rumbo del país en beneficio de todos los guatemaltecos. Por ello, se hace necesario el relevo inmediato del Comisionado a efecto de que sea substituido por una persona idónea e imparcial, capaz de perseguir y atacar la corrupción de forma objetiva e imparcial.

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