Home > Columnas > Memoria histórica

Memoria histórica

COLUMNISTA

Cada vez que hay jueves de CICIG viene a mi mente una frase que hizo famosa el salsero Rubén Blades en su popular producción Pedro Navaja: “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Y no paramos de recibir con asombro las noticias relacionadas a la política nacional desde el 27 de agosto cuando el presidente declaro  persona non grata al señor Iván Velázquez, de la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala.

.

El jueves recién pasado nos sorprendimos al conocer que uno de los representantes de la política tradicional, el señor Álvaro Arzú Irigoyen, expresidente de la Republica y varias veces Alcalde de la ciudad capital fuera relacionado por el Ministerio  Publico y la CICIG  al caso “Caja de Pandora” y como consecuencia solicitado el correspondiente antejuicio.

La historia nos refiere que el señor Álvaro Arzú Irigoyen en su gestión presidencial de 1996 al 2000 cumplió con la política neoliberal de privatizar los principales activos del Estado, empresas importantes como la telefónica Guatel, la Empresa Eléctrica, el Banco de Desarrollo Agrícola y los Ferrocarriles de Guatemala entre otras. Privatizaciones que se caracterizaron por la opacidad en que se consumaron.

Uno de los pretextos para privatizar fue que las utilidades de la venta de las empresas serian aprovechadas para reducir la pobreza y la pobreza extrema. Hoy a 20 años de haberse realizado  ese proceso tenemos indicadores de desarrollo humano que demuestran lamentablemente que somos más pobres.

Es pertinente entonces preguntarse ¿En qué se invirtió el dinero de las privatizaciones? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué responsabilidad tiene el señor Álvaro Arzú Irigoyen? Pienso que la CICIG y el Ministerio Publico no solo deberían de investigar el pasado reciente, sino también enfocarse en toda la gestión de los funcionarios de los cuales se sospecha que han cometido enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos en contra del pueblo de Guatemala.

El señor Arzú Irigoyen ha dado suficientes motivos para investigarlo, se puede mencionar por ejemplo los fideicomisos que se operan en la Municipalidad de Guatemala y para un mejor entendimiento amigo lector traslado literal la definición de fideicomiso: “es un contrato en virtud del cual una o más personas (fideicomitente/s o fiduciante/s) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria) para que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita, al cumplimiento de un plazo o condición, al fiduciante, al beneficiario o a otra persona, llamado fideicomisario”. Este modelo de gestión debe terminar, debe de transparentarse toda acción administrativa pública y ser sometida a controles.

Se dice que los guatemaltecos no tenemos memoria histórica, pero hay que romper esos paradigmas y exigir al sector justicia que se esclarezcan todos los negocios que se han realizado con el dinero público, porque el combate a la corrupción y la impunidad debe ser frontal.

Se debe tener presente lo preceptuado en el artículo 154 de nuestra Constitución Política relacionado a la Función pública y sujeción a la ley. “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

TEXTO PARA COLUMNISTA
.
.