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La gran reforma

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De todo lo que puede reformarse en un régimen político, lo concerniente al régimen electoral y de partidos es de lo más sensible. De lo más determinante se puede modificar, para bien o para mal  Esto no es algo exclusivo de Guatemala.  México mismo está llevando una reforma a su sistema electoral ( eso sí, quizá una reforma más ordenada) lo cual demuestra que incluso democracias que se pintan cómo más estables, ocasionalmente realizan procesos de ajuste.

Originalmente la reforma a la ley electoral y de partidos políticos propuesta en Guatemala se catalogaba cómo una reforma para promover partidos grandes con la intención de promover la gobernabilidad.  Se argumentaba que la razón por la cual esta ley promovía los partidos grandes era en razón que esta reforma era apoyada por partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La verdad de las cosas, con un poco más de tecnicismo en el debate,  obliga a reconocer – lo que cualquier politólogo decente igualmente haría-   que uno de los mayores problemas en la arquitectura institucional democrática es la  fragmentación de estado de partidos.  El número de partidos excede lo que racionalmente se prevé para que la toma de decisiones sea posible.  Esta condición se conoce en la ciencia política cómo ´fragmentación ilimitada del estado de partidos políticos´ y es, por lo general, un síntoma de la baja consolidación de los partidos.  En Guatemala,  hay la equivocadísima percepción en cuanto a que si el número de partidos aumenta, la representación política es de mejor calidad.  Esto es falso.

La reforma en discusión proponía aumentar las ´barreras de entrada´, lo que en Guatemala se comprende cómo los requisitos existentes para la conformación de partidos políticos.  Tal y cómo son las cosas, en la actualidad se necesita tener un número de afiliados equivalente al 0.30% del padrón electoral de la última elección (es decir,  tener 22,668 afiliados) y se requiere tener organización municipal en al menos 50 municipios (40 afiliados en cada municipio). El comité ejecutivo del proyecto debe tener al menos 9 miembros y poseer organización departamental en al menos 12 departamentos. Para ello es necesario tener organización municipal en 4 municipios en cada uno de los 12 departamentos y luego celebrar asambleas departamentales y elegir al comité ejecutivo departamental. Nuevamente, cada comité necesita tener 9 miembros.  Aún así,  falta celebrar la asamblea nacional y designar al comité ejecutivo nacional del partido político.  Puede que todo esto suene complejo, y en efecto, se pretende que así sea para no abaratar la figura del partido político.  Pero por muy complejo que lo anterior parezca en realidad el número de partidos políticos en Guatemala se mantiene por arriba de la veintena.

Por eso es que el diseño original de la reforma venía a elevar estos requisitos,  sumado al hecho de constituir un umbral electoral es decir, un número determinado de votos obligado (transformado en curules) a obtener en cada proceso electoral.   En este momento y luego de cuatro borradores de esta ley,  el consenso en el debate se ha inclinado por suponer que los requisitos actuales de organización son altos y que,  es necesario ´bajarlos aún más.

De forma que entonces,  una ley que inició con preocupación en respecto del tema gobernabilidad ha pasado a transformase en un reforma dirigida al tema de la representación,  bajo el equivocado supuesto de que a mayor cantidad de partidos la representación política mejora.   Incluso si estamos hablando de partidos pequeños, minoritarios que no hacen ninguna diferencia por carecer de fuerza política.

Ganar o perder no depende del tamaño, sino de la organización. Parece que no se sale de la regla de la ingobernabilidad.

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