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La procuraduría de las injusticias humanas

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COLUMNISTA

Los antecedentes del ombudsman se remontan al año 1703 en Suecia, lugar donde por primera vez se reconoció constitucionalmente al defensor del pueblo, como el garante de velar y supervisar la responsabilidad, la actividad y la correcta aplicación de la ley en defensa de los Derechos Humanos de los administrados.

En Guatemala, la Constitución vigente reconoció la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a quien definió como el comisionado del Congreso de la República, encargado de garantizar los derechos reconocidos, no solo en la Constitución Política, sino que también en la Declaración Universal de los Derechos Humamos, Tratados y Convenciones Internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.

De esa cuenta, el Magistrado de Conciencia debe garantizar los derechos humanos de los ciudadanos tales como: el derecho humano a la vida, a la libertad individual, a la justicia, a la seguridad, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la obtención de un empleo digno, la salud, la educación, la recreación, entre otros.

Sin embargo, la sociedad guatemalteca pudo observar de manera lamentable, como el anterior Procurador de los Derechos Humanos Jorge De León Duque, en total contravención a los postulados constitucionales antes citados, omitió garantizar y asegurar los derechos humanos por ejemplo, de los cientos de pilotos de transporte colectivo cobardemente asesinados por pandilleros y grupos extorción, pese a las múltiples denuncias que ante su despacho se presentaron. Omitió  garantizar también el derecho humano a la vida de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, quienes fallecieron trágicamente por no haber realizado las gestiones necesarias para asegurar su bienestar general, a pesar, de que tuvo conocimiento pleno de las condiciones de inseguridad en que se encontraban. Incumplió garantizar la libertad de locomoción de miles de personas que fueron afectadas con las violentas manifestaciones realizadas por sectores alineados al crimen organizado. No garantió la seguridad personal de cientos de personas que fueron víctimas de extorciones, coacciones o secuestros por parte de pandilleros que les exigieron dinero u otra recompensa a cambio de no eliminarlas físicamente. Dejó de tutelar el derecho humano a la libertad y el debido proceso, de más de once mil personas que guardan prisión preventiva, y cuyos cargos penales, permiten la aplicación de una medida sustitutiva que les permita trabajar y de esa forma contribuir con su entorno familiar. Pasó por alto garantizar la presunción de inocencia de cientos de personas que fueron exhibidas ante los medios de comunicación social como delincuentes, sin que  previamente hubieran sido puestas a disposición de una autoridad judicial competente. Omitió garantizar el derecho humano a la libertad individual de las más de siete mil personas que ya cumplieron por demás la condena que les fuera impuesta, y que aún siguen retenidas en los centros penales del país, por carecer de los recursos necesarios para la asistencia legal respectiva. Incumplió censurar al Ministerio Público y la CICIG, por haber lesionado el derecho de defensa y debido proceso de los hermanos Valdés Paiz, injustamente procesados por más de ocho años por un crimen que no cometieron. Evitó garantizar el derecho de propiedad privada de varias familias que fueron expulsadas de sus casas, fincas o parcelas, por grupos terroristas fuertemente armados. Olvidó brindarle acompañamiento a la familia del señor Elmer Leonel Aldana Pesquera, quien falleció en manos del cobarde ex fiscal de Derechos Humanos Orlando Salvador López. Incumplió velar por el derecho a la vida y la seguridad de las siete personas fallecidas en el Hospital Roosevelt el día 16 de agosto del año en curso, víctimas de un ataque de pandilleros. Omitió velar porque las comisarías de la Policía Nacional Civil, contaran con las condiciones de higiene mínimas para que los agentes pudieran desarrollar de mejor forma su trabajo. De la misma forma, olvidó velar porque la población cuente con un sistema adecuado que les permita el acceso a servicios de salud dignos, a una educación de calidad, a la obtención de un empleo, a una remuneración digna, a un transporte colectivo eficiente y seguro, a un sistema de recreación placentero, a una  vivienda, a una tutela judicial efectiva, etc.

Lo que no olvidó Jorge De León Duque, fue entregar el control de la institución que representó a supuestos integrantes de sociedad civil, quienes a cambio de jugosas donaciones de la comunidad internacional, la convirtieron en una cueva de defensores de pandilleros, asaltantes, asesinos, extorsionistas, y menores en conflicto con la ley penal, quienes al final fueron los únicos beneficiados de su precaria gestión. Debido a ello, cientos de agentes de la fuerza pública se encuentran hoy sin empleo y tras las rejas, por haber realizado las funciones de seguridad y defensa de los ciudadanos. Por ejemplo, al retomar el control de los centros carcelarios, al enfrentarse a una banda de pandilleros que cobran extorción o al enfrentarse a estructuras del crimen organizado, labores que no fueron bien vistas por el Defensor del Pueblo, quien las calificó desde la comodidad y seguridad de su casa, de excesivas y violatorias a los derechos humanos de los delincuentes. Y que decir de la persecución que desde esa entidad se realizó en contra de nuestros héroes de guerra en situación de retiro, a quienes en total violación al derecho de defensa y debido proceso, se les encarceló por haber defendido a la patria del ataque de grupos terroristas que pretendieron asaltar el poder para imponer su fracasada ideología.

Hasta el punto de llegar al Congreso de la República, para coaccionar a los diputados con la aprobación de las mal logradas reformas a la Constitución. Por ello, Jorge De León Duque enfrenta hoy un proceso penal que seguramente deberá concluir con su aprehensión y juzgamiento por haberse apartado de su mandato constitucional.

Luego de la canallesca gestión de Jorge De León Duque, llegó el turno del abogado Jordán Rodas Andrade, un  politiquero relacionado con la agrupación Encuentro por Guatemala que dirige la diputada Nineth Montenegro de Polanco, quien casualmente lo postuló para ocupar el citado cargo. Es necesario mencionar que en contra del nuevo PDH, pesan dos graves sindicaciones que deben investigarse. La primera de ellas, un desfalco por la cantidad de trescientos mil quetzales que presuntamente se consumó cuando fungió como directivo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como un pago millonario que recibió en concepto de resarcimiento, por el caso denominado Diario Militar, un documento apócrifo que se utiliza para desfalcar el peculio del Estado por entidades que supuestamente tutelan los Derechos Humanos.

El haber designado como Defensor del Pueblo a un personaje en contra de quien pesan graves sindicaciones, pone en riesgo nuevamente el mandato constitucional de tutelar y proteger los Derechos Humanos de los más necesitados, pues su gestión seguramente se realizará de manera parcializada a favor de los intereses oscuros que representa. Debido a ello, hemos visto que desde que tomó posesión del cargo, este personaje únicamente se ha empecinado en promover acciones de amparo para proteger los intereses del colombiano Iván Velásquez Gómez y evitar así a toda costa su expulsión del país. Por lo que me pregunto: ¿Cuándo promoverá una acción de amparo a favor de los más de once mil ciudadanos que se encuentran en prisión preventiva y cuyos delitos permiten la aplicación de una medida sustitutiva? ¿Cuándo promoverá una acción de amparo para conseguir la libertad del coronel Juan Chiroy y los elementos de tropa, injustamente encarcelados de forma preventiva desde hace más de cinco años? ¿Cuándo hará el comunicado de prensa condenando las persecuciones penales selectiva y desproporcionadas que realiza el Ministerio Público y la CICIG?. ¿Cuándo promoverá las acciones de amparo para garantizar a los ciudadanos el derecho a la vida, a la libertad individual, a la seguridad, a la tutela judicial efectiva, a la salud, al debido proceso, a la obtención de un empleo digno, etc.? Porque al paso que vamos pareciera que el único que tiene derechos humanos es el colombiano.

Por ello, es necesario que la población exija al Procurador el fiel cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución, pidiéndole además que se abstenga de realizar todo tipo  actividades políticas, ideológicas, sediciosas y tendenciosas, que tengan por objeto generar conflicto, polarización o desestabilización del orden público, pues en caso contrario no dude que más temprano que tarde enfrentará la justicia.

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