El Siglo

¿Cuál es el miedo?

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establece la forma y el procedimiento para que el Jefe de un Estado, pueda declarar persona non grata al miembro de una delegación diplomática acreditada en su país, a efecto de que este ponga fin a las funciones que desempeña y abandone de inmediato el cargo para el cual fue designado. Para ello, la misma convención establece que no es necesario explicar motivo alguno y que la declaración puede realizarse en cualquier momento, incluso antes de la llegada del agente diplomático al Estado receptor.

Debido a ello, la declaratoria de non grato y la consecuente expulsión de un agente diplomático, no está sujeta a discusión alguna, primero, por ser una facultad que la propia convención le asigna con exclusividad al Jefe del Estado receptor, sin que sea necesario realizar un procedimiento previo para ello; y segundo, porque las contiendas de naturaleza internacional se solventan entre estados directamente, sin la intervención de cortes nacionales, cuyo ámbito de competencia es, la resolución de conflictos entre particulares, o entre particulares y el estado, pero nunca las que se produzcan entre estados.

Es por ello, que la declaratoria de non grato y la consecuente expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, que realizó el presidente de la República el pasado veintisiete de agosto, está fundamentada en ley, pues la misma se emitió dentro del ámbito de las atribuciones legales que la propia Convención de Viena le otorga al Jefe de un Estado Receptor. Debido a ello, el declarado non grato, debió haber cesado en sus funciones y abandonar inmediatamente el país, sin esperar que a que sus adláteres utilizaran las desgastada Corte de Constitucionalidad, para conseguir su permanencia a través de una huisachada constitucional.

La resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad que suspendió en forma definitiva la declaración de non grato y la consecuente expulsión del colombiano del país, es ilegal, pues, esta corte, carece de jurisdicción y competencia para resolver una contienda internacional de ese tipo, lo cual hace nula de pleno derecho la resolución emitida. Sumado a ello, la acción promovida se presentó por personas sin legitimación – el amparo no es de acción popular -, el acto reprochado no constituye agravio alguno a los derechos humanos de los postulantes, pues es una facultad que un tratado internacional le otorga con exclusividad al presidente de la República, y la misma se tramitó en total violación al debido proceso y derecho de defensa, pues impidió la comparecencia de los verdaderamente interesados para que pudieran manifestar y probar la improcedencia de la citada acción constitucional.

Por eso, los tres magistrados que otorgaron esa aberración constitucional, enfrentan procesos penales por la comisión de varios hechos delictivos, por virtud de los cuales no solo se impidió el ejercicio de una función legal asignada con exclusividad al presidente de la republica, sino que además se violentó el estado de derecho y la certeza jurídica del país.

Causa duda que la actuación de la Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández, sabiendo que la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad es ilegal, no haya realizado las acciones pertinentes para denunciar el hecho y buscar el procesamiento de los tres magistrados sindicados, y en vez de ello, se haya dado a la tarea de protestar e incluso amenazar con renunciar si se expulsa al paladín de la justicia selectiva.

Es difícil entender la defensa oficiosa que realizan además el Ministro de Gobernación Francisco Rivas Lara, el viceministro de Gobernación Ricardo Guzmán Loyo, el Súper Intendente de la Administración Tributaria Juan Francisco Solórzano Foppa, y los miembros de la supuesta sociedad civil, para evitar a toda costa, la sustitución del colombiano de la jefatura de la CICIG, si es de conocimiento general que la continuidad y permanencia de la comisión está por demás garantizada, siempre y cuando el nuevo comisionado, se limite al mandato de su creación.

Tal vez el temor de los funcionarios y entidades antes relacionadas se funde en que la sustitución del colombiano, llevaría implícita la designación de un comisionado que a la postre podría iniciar sendas investigaciones penales en contra de la Fiscal General de la República, su esposo, el Ministro de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil, por el caso de narcotráfico que recientemente se hizo público a través de las redes sociales y que al día de hoy, ni ella ni el colombiano ni los otros funcionarios púbicos sindicados, han desmentido. Ó, en contra de la Secretaria General del Ministerio Público Mayra Véliz López, señalada de pertenecer a una estructura criminal organizada, encargada de facilitar documentación migratoria a varios extranjeros, entre los que  figuran algunos sindicados de terrorismo. En contra del clan Guzmán Loyo, compuesto por el viceministro de gobernación, la sub secretaria general del Ministerio Público y a jefa de la SAT del departamento de Zacapa; así como en contra de Juan Francisco Solórzano Foppa, el incompetente Súper Intendente de Administración Tributaria, que utilizando la red social de la institución que representa, lanzó una serie de mensajes tendenciosos y sediciosos que demostraron su clara intención para coadyuvar en la defenestración del presidente de la República.

Me resulta difícil terminar de escribir esta columna viendo los últimos acontecimientos que se suscitan en Guatemala, donde un grupo de vándalos guiados por izquierdistas trasnochados, con el apoyo del colombiano, pretenden deponer por la fuerza al presidente de la República, para lograr así  el ascenso de uno de los ungidos del disoluto embajador de los Estados Unidos, lo que les garantizaría impunidad para no ser perseguidos ni procesados por todos los actos violentos y delictivos que han cometido.

Por ello, hago un llamado al presidente de la República, para que, utilizando los mecanismos establecidos en la ley, haga valer el Estado de Derecho e imponga orden en el país. Que de manera urgente nos garantice a todos los habitantes el pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales que han sido vilipendiados por un puñado de cobardes criminales que de forma violenta y sin dar la cara se han atrevido a socavar el orden público. Recuerde que estos movimientos sediciosos, no son más que los últimos vientos Obamistas, que en Guatemala terminaran con la inminente salida por la puerta de atrás no solo del socialista Todd Robinson, sino que también del  colombiano, con lo cual quedará terminada de una vez por todas la influencia marxista que se pretendió imponer en nuestro país.

Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer  o a morir llamará.

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