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La regla de la ingobernabilidad

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Tener instituciones no significa tener institucionalidad. Son dos cosas muy diferentes.  Esto sucede porque las formas de actuar por parte de los actores no se ajustan al diseño.  Y en esencia, los vicios personalistas terminan siendo el único criterio con la cual se actúa.   Se ha hecho popular en Guatemala (sobre todo en espacios cercanos al espectro de la izquierda) equiparar la noción de institucionalidad a un discurso conservador y legalista pero esto, es un gravísimo error.  Institucionalidad no significa ´las reglas son las reglas porque son las reglas´.   Tener institucionalidad significa que, desde la magistratura más importante a la magistratura menos relevante,  todos están obligados a cumplir a respetar reglas (mínimas).

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El primero en obviar lo anterior fue el presidente Morales con la declaración de persona non grata.   No es que no pueda expulsarlo sino que hay un mecanismo de resolución de conflictos inherente al tratado de CICIG (el artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG en el sistema de ONU).  Precisamente lo que la CC le recordó al presidente en su resolución fue esto, ´primero utilice los mecanismos existentes antes de considerar la expulsión.´  ¿Qué costaba hacer las cosas como se deben?  El segundo en cometer el citado error fue el Congreso de la República.  Si había algún temor  – real-  en cuanto a que el país se parezca a Venezuela, sucedió el pasado día miércoles.  El vicio autoritario de un legislativo que rompe las formas, rompe la agenda pactada en el parlamento y funciona literalmente sin contra-peso alguno.   Por último, la misma ciudadanía.  El pasado día viernes, la ciudadanía organizada parecía no entender lo grave de no permitir el ingreso de un juez al hemiciclo del Congreso para realizar una exhibición personal.

¿Hay acaso alguien que decida jugar respetando las reglas?

El hartazgo ciudadano es comprensible.  Lo que el Congreso hizo el día miércoles simplemente no tiene justificación alguna. La forma fue vergonzosa y el aspecto técnico era el de un país de ´cuarto mundo´ cuando más de 400 delitos se podían ver afectados con la estúpida reforma al código penal. Tan sólo 24 hrs antes la PNC había realizado un mega operativo con más de 170 detenciones relacionadas al flagelo de la extorsión.  Si las reformas hubiesen quedado como se propusieron,  dicho delito podría ser perfectamente conmutable.

En contextos de tanta inestabilidad,  donde la clase política parece no comprender cuales son los límites de su actuar y donde la ciudadanía no distingue la frontera entre lo ´deseable´ y lo permitido,  las élites juegan un rol fundamental para llamar a la cordura y para sentar agenda.  El comunicado del sector privado organizado (CACIF) en referencia a las reformas del código penal fue el primer comunicado  en conjunto de todas las cámaras desde el 2015. Y esto por suerte, descuadró a los diputados pues los hizo recular.    Aunque hubiese sido ideal un comunicado así de claro en referencia a la intentona del presidente por expulsar a Iván Velásquez.  De nuevo, no porque no lo pueda hacer sino para que cumpla con el procedimiento estipulado.

Depurar un Congreso es un proceso que no puede llevarse a cabo desde la calle, a punta de gritos y de retenciones ilegales. Las cosas no funcionan así, no es la manera. Ese comportamiento es precisamente, lo que los sectores más conservadores esperan y así criminalizar el acto de la libre expresión ciudadana.    Hay mecanismos establecidos en ley para lograr que congresistas cuestionados por su accionar (en este caso fraude de ley) abandonen el curul.

Pero cuando ni al presidente, ni al ciudadano de a pie las reglas (´las formas´)  parecen importarles,  estamos en la tierra de la ingobernabilidad.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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