Home > Columnas > No a las güisachadas

No a las güisachadas

///
Comments are Off
NUEVO

No puedo guardar silencio ante lo que considero un atropello a la majestad de nuestra Constitución. Los gobernantes deben proceder “con absoluto apego al derecho” y sus errores deben ser enmendados conforme a Derecho y no a rajatablas.

.

Según el primer párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, la misma “se aplicará e interpretará deconformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala,la Ley del Organismo Judicial y los precedentes que apruebe el Pleno del Congreso.” Y en punto a los precedentes, dice en su párrafo segundo: “Las disposiciones interpretativas aprobadas por el Pleno del Congreso de la República, en materia de debates y sesiones serán considerados comoprecedentes y podrán invocarse como fuente de Derecho; corresponderá ala Secretaría sistematizar los precedentes que se aprueben.”

De acuerdo con nuestra Constitución para el proceso de formación de la ley rigen dos normas de suyo importantes: los artículos 176 y 177.  Dice el primero: “Presentado para su trámite unproyecto de ley –dice el primero—, se observará el procedimiento que prescribe la Ley Orgánica y deRégimen Interior del Organismo Legislativo. Se pondrá a discusión en tres sesionescelebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientementediscutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare deurgencia nacional con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados quelo integran”.   Y según el artículo 177: “Aprobado un proyecto deley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez días, loenviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.”

Los dos artículo citados dejan claramente establecido que tan pronto el Congreso de la República haya aprobado un proyecto de ley éste ha dejado de serlo para transformarse en un Decreto porque ya se agotó su fase de discusión y de debate dentro del recinto parlamentario.  Consecuentemente ya no hay materia de sesión alguna sobre el particular. Mal puede el Pleno del Congreso de la República disponer –por lo tanto—que un Decreto que ya fue aprobado se sustraiga de su cauce normal por medio una disposición interpretativa que impida enviarlo al Ejecutivo “para su sanción, promulgación y publicación”, o para que lo vete si fuera el caso.  El punto medular de mi tesis su fundamenta en el derecho procesal que emana de la propia constitucióny no en una norma ordinaria, incluida la LOOL.

No es posible forzar la interpretación del segundo párrafo del artículo 5 de la LOOL para mandar al archivo un Decreto por haber superado ya las etapas procesales de discusión y debate en sesión plenaria debe ser enviado, obligatoriamente al Ejecutivo.  Esto es porque –repito— ya dejó de ser proyecto en discusión y debate y es una ley en curso de sanción, promulgación publicación o de veto, si tal fuera el caso.

Me parece que gracias a su incuria, el Congreso de la República agrava aún más su situación.

.
.