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Justicia selectiva y desproporcionada

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COLUMNISTA

“Todo el apoyo y comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos”. Sentenció, el ex presidente mexicano Plutarco Elías Campuzano. Frase que en la actualidad, acuñó e hizo propia también el disoluto Iván Velásquez Gómez, en la gestión nada transparente al mando de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG.

La concepción de justicia en Guatemala, ha variado considerablemente a partir de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad inició su gestión. Pues, a pesar de que el mandato de la citada entidad se limitó única y exclusivamente a perseguir e investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado, hoy, esa función quedó en el olvido; y ha sido reemplazada por una serie de actos deleznables, tales como las continuas presiones que las huestes de don Iván realizan sobre nuestros jueces, para que emitan órdenes de capturas, allanamientos o medidas de coerción, aún sin importar la solidez de las evidencias. Ó, las exigencias que el propio comisionado realizó a los diputados al Congreso de la República, para aprobar las mal logradas reformas a la Constitución. Y que decir, de las presiones a que fue sometido nuestro presidente, cuando se tomaron como rehenes a su hijo y hermano, para garantizar por la fuerza su permanencia en el país.

El expulsado colombiano ignora a su conveniencia, que la justicia es definida como el supremo ideal del Estado, para dar a cada uno lo suyo, es decir, lo que le corresponde. Y que su búsqueda implacable, no puede ensuciarse con ideologías, políticas, preferencias, colores, o banderas de ningún tipo. Es por ello, que la administración de justicia, se basa en principios de objetividad e imparcialidad, y toma como premisa máxima el hecho de que nadie puede ser condenado o privado de sus derechos, sin que previamente haya sido citado oído y vencido en un proceso legal tramitado ante juez competente y preestablecido.

Los ejemplos de persecuciones penales selectivas y desproporcionadas en nuestro sistema penal sobran, tal y como la que se inició en contra de los hermanos Valdés Paiz, a quienes la CICIG y el Ministerio Público, acusaron de haber asesinado al abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, el diez de mayo del año dos mil nueve. El calvario para los hermanos duro un poco más de ocho años, pues, afortunadamente lograron demostrar su inocencia. Sin embargo, al día de hoy, los responsables del atroz crimen, a quienes el propio Rodrigo sindicó poco antes de morir, siguen en total impunidad, gracias a los oficios de la CICIG.

O, el famoso caso denominado Agua Mágica, aquella estafa donde se procesó y encarceló a la ex vicepresidenta de la República, así como a otros funcionarios presuntamente corruptos del gobierno anterior, a quienes se sindicó de haber defraudo al estado por la cantidad de ciento treinta y siete millones de quetzales en la compra de una supuesta fórmula para descontaminar el bello lago de Amatitlán. Sin embargo, por alguna razón se omitió también procesar y encarcelar a Ramiro de León Duque, el ex Sub Director Ejecutivo de Contrataciones del gobierno del Partido Patriota, quien firmó el contrato administrativo por el cual se autorizó la compra de la supuesta fórmula mágica. La omisión para perseguir a Ramiro seguramente obedece a que es hermano del servil ex Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, así como el esposo de la ex procuradora adjunta Claudia López David, parentesco que le valió, para no tener asignada hoy una habitación en el Mariscal Zavala.

Vamos al caso de las plazas fantasmas del Congreso de la República, aquel proceso donde se encarceló a dos juntas directivas completas, sindicadas de haberse beneficiado de los fondos de ese organismo estatal mediante la contratación ficticia de personal. Sin embargo, causa suspicacia que los integrantes de la Junta Directiva que presidió el diputado Mario Taracena Diaz-Sol, a quienes la Contraloría General de Cuentas los sindicó por los mismos hechos, hoy estén muy tranquilamente sentados en su curul, exigiendo la aprobación de las reformas a la Constitución impuestas por la CICIG.

También cabe mencionar, el caso conocido como Transurbano, la estafa multimillonaria que involucró al Consejo de Ministros del gobierno de Álvaro Colom, y que el propio fiscal contra corrupción, Máximo Santos indicó que estaba listo para judicializar. Sin embargo, por alguna razón el expediente se trasladó a la CICIG, donde hoy duerme el sueño de los justos. Mientras que, en el caso donde se sindicó y encarceló por más de dos meses al hijo y hermano del presidente de la República, por haber facilitado una factura por la cantidad de noventa mil quetzales, por un servicio que sí se presto y por el cual se pagó también el impuesto respectivo, hoy, se dirijan rumbo al patíbulo.

El caso conocido como Lavado y Política, en el cual se acusó y vinculó al ex Presidente del Banco de Guatemala Edgar Baltazar Barquín Duran, de haber facilitado información contable a los miembros de una estructura criminal. Debido a ello fue condenado a la ridícula pena de dos años de prisión conmutables y por ello hoy, goza de libertad.  Mientras que, el sacristán de una parroquia ubicada en el departamento de Quetzaltenango, fue condenado a doce años de prisión inconmutables, por haber robado una alcancía con las limosnas del día.

Hasta llegar al caso, que con mucha dedicación el colombiano venia acariciando desde hace más de un año esperando el momento preciso para lanzarlo ante los medios de comunicación social. Un caso que, convenientemente se mostraba tan solo a unas horas de que se esparciera el rumor de que el presidente de la República gestionaría la remoción del paladín de la justicia selectiva. Proceso en donde de mala fe se sindicó al presidente Morales, del delito de financiamiento electoral ilícito, por la suma de poco más de cinco millones de quetzales en concepto de aportaciones no reportadas al Tribunal Supremo Electoral, y que, de conformidad con el debido proceso, debió resolverse a través de un procedimiento administrativo previo, el mismo que utilizó la Unidad Nacional de la Esperanza, para lograr rectificar y aclarar los ciento noventa y un millones de quetzales que omitió reportar como gastos de campaña.

Como era de esperarse, el caso tardó más en llegar a la Corte Suprema de Justicia que en salir rumbo al Congreso de la República con la bendición de los togados, quienes al analizar  las actuaciones, omitieron verificar y establecer el tinte político y espurio de la petición que realizó Luis Fernando Orozco, el otro colombiano de la CICIG, que no solo coaccionó al colaborador eficaz Mario Paz Mejía, para declarar falsamente en contra de los hermanos Valdés Paiz, sino que también se mofó al indicar de que el simple convenio de la CICIG, está por encima de nuestra Constitución. Vaya legitimación de la petición.

Así, llega al Congreso de la República, un antejuicio sin materia, espurio y político, en el que  casi a la velocidad de la luz y haciendo a un lado los antejuicios pendientes de tramitar y resolver, tiene ya integrada la comisión pesquisidora encargada de rendir el informe que se utilizará para llevar a cabo la votación. Por ello, con toda propiedad ratifico que existe el temor fundado de que la supuesta sociedad civil, nuevamente pretenda utilizar los sucios oficios del colombiano y de la Fiscal General, para coaccionar y presionar no solo a los cinco integrantes de la comisión pesquisidora, sino que además al pleno de diputados para que por la fuerza, declaren con lugar a formación de causa el antejuicio promovido. Lo cual, facilitaría no solo deponer al presidente de la República sino que además, lograría la ascensión de alguno de los adláteres de la supuesta sociedad civil.

Mientras la CICIG y el Ministerio Público, continúen realizando persecuciones penales políticas, selectivas y desproporcionadas, basadas en coaccionar al presidente de la República, jueces, fiscales, diputados, o mediante la adulteración de pruebas o el uso de colaboradores falaces, será muy difícil salir de la crisis política, económica y social en la que nos encontramos. Por ello, es necesario exigir a nuestras autoridades públicas, el debido respeto a la Constitución, leyes y reglamentos vigentes en el país, así como el pleno respeto a los derechos individuales y procesales tanto de los particulares como de los funcionarios públicos.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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