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¿Ya se dieron cuenta?

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Litigantes –temerarios, o no—estudiosos del Derecho y honorable Corte de Constitucionalidad ¡Cuidado con traspiés y resbalones en el proceso de amparo incoado contra el Presidente de la República por un incidente de carácter diplomático!

Philippe Cahier, en su muy afamada obra, al referirse a la Diplomacia a través de los Jefes de Estado y de los Ministros de Asuntos Exteriores, escribe: “Entre los órganos del Estado existe un superior a los demás: el jefe de Estado. Se trata en cierto sentido de la autoridad estatal suprema. Cuestiones tales como el procedimiento de designación del jefe de Estado, la forma que adoptará—republicana, monárquica, o como en Suiza, colegiada—son ajenas al Derecho internacional y al Derecho diplomático y constituyen materia del Derecho interno”. Y, más adelante, aclara un puntoesencial, cual es que: “Los poderes del jefe de Estado carecen de uniformidad y para conocerlos hay que remitirse al Derecho constitucional del Estado que se estudie. En esta materia también el Derecho internacional se refiere al Derecho interno.” (Derecho Diplomático Contemporáneo, trad. española, Ediciones RIALP, S.A., 1965, página 443-444).

A la luz de la consideraciónanterior es preciso recordar que, entre las funciones que nuestra Constitución le confiere al Presidente de la República, se incluyen algunas de suma importancia para la dirección de la política exterior y las relaciones de nuestro país: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”; “hacer que se ejecuten las leyes… sin alterar su espíritu” y “Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar elexequátur a los cónsules”. (Esto último por aquello de que “el que puede lo más, puede lo menos.”), todas enunciadas en el artículo 183.  Para ejercitar estas funciones –preciso es recordarlo— el Presidente de la República no podrá actuar de manera individual por ser la Presidencia de la República un organismo colegiado; de tal manera que todas sus actuaciones en estos campos exigen la concurrencia indispensable del Ministro de Relaciones Exteriores, tal como lo manda el artículo constitucional 194, literal c, según el cual debe éste deberá“Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de laRepública, relacionados con su despacho para que tengan validez”.Dicho con otras palabras, todo acuerdo emitido por el Presidente de la República en materia política exterior y relaciones internacional que carezca del refrendo ministro del ramo esinválido.

Prensa Libre (29.08.17) publica lo que –equivocadamente— denomina como “la carta con la que el mandatario declara non grato al comisionado Velásquez”, aunque bien anota el grave defecto consistente en que “La misiva solo lleva la firma de Morales.”

Siendo la forma un elemento esencial en el Derecho Diplomático, el escrito antes referido no es más que una simple instrucción que el Presidente le dio al Canciller para proceder de conformidad; pero nada más. En lenguaje empresarial no pasaría de ser un simple “memo” dirigido por CEO a uno de sus Gerentes de División; pero que aún falta llevar a la práctica. Y si nos atenemos al Derecho Público, se trata de un acto meramente preparatorio,una instrucción que como tal aún no ha cobrado vida jurídica, tal como su texto lo demuestra.Todas estas deficiencias también hacen de la inconstitucionalidad planteada por Ramón Cadena un vano ejercicio porque no existe norma legal alguna que impugnar.

Y si alguien pone en duda lo dicho, deberá también referirse al artículo 89 de la Ley del Ceremonial Diplomático de Guatemala: “La Dirección de Protocolo tendrá a su cargo las relaciones protocolares entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Cuerpo Diplomático acreditado en la República.  Será el medio de comunicación entre éste y las demás dependencias… gubernativas…” Dicho sea con otras palabras, es la Dirección de Protocolo quien único podía haberle notificado válidamente al Comisionado su declaratoria de persona non grataera la Dirección de Protocolo y no cualquiera otro emisario o mensajero.  Esto nos lleva, entonces, a considerar el principio elemental que rige en nuestro derecho, cual es que las notificaciones que se realicen en forma distinta de la prevenida por la ley (en este caso la Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala), serán nulas y no podrán afectar los derechos del “notificado” en forma anómala.

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal de amparo, al pronunciar sentencia, “examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente; examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes”. Y sin perjuicio de lo anterior: “Con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia, y hará las demás declaraciones pertinentes”. La lectura de esta disposición, de rango constitucional, obligará a la Corte de Constitucionalidad a pronunciarse manera clara y tajante sobre estos extremos, a saber: 1º. Determinar si el acto denunciado como agravio constitucional, cual es la declaratoria de persona non grata, es un acto que, formalmente, cumple y llena los requisitos exigidos por nuestra Constitución (falta de refrendo ministerial) y por la Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala (falta de notificación conforme a derecho).  2º. Como consecuencia de lo anterior, si dicha declaratoria –acto agraviante—satisface además con la preceptiva constitucional exigida para la conducción de la conducta internacional acorde con los “principios, reglas y prácticas internacionales”, como lo exige el artículo 149 de nuestra Carta Fundamental; y 3º. Si una instrucción interna dada por el Presidente a uno de sus Ministros cumple el requisito sine qua non que la Corte de Constitucionalidad le exige a los “actos de autoridad” para ser susceptibles de impugnación constitucional, a saber; lo que incluye, necesariamente, determinar si un simple “memorándum interno” tiene la coercibilidad necesaria para ser considerado dotado de coercibilidad  –habida cuenta que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales, como dice el artículo 5º constitucional.  ¡Vamos a ver, dijo un ciego!

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