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Selectividad en el sistema penal

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Abril del 2015 marcó un antes y un después en Guatemala. La sociedad volvió a despertar y a manifestarse como lo había hecho muchos años atrás, primero para denunciar las dictaduras y violaciones a los derechos humanos, y en 1993 con el autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías, quien terminó defenestrado del poder.

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Hace dos años, la corrupción desbordante del gobierno de turno fue el detonante para que miles de guatemaltecos despertados del adormecimiento, reclamaran sus derechos y rechazaran la corrupción en las calles durante más de 20 semanas, hasta lograr que dejaran el poder funcionarios criticados por actitudes profundamente corruptas. La primera en dimitir fue la vicepresidenta, y luego el presidente de la República.

Esas manifestaciones sociales también desembocaron en importantes cambios a nivel social y político, al comenzar un rescate y fortalecimiento institucional, en donde destaca el Ministerio Público (MP), como ente, que con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se pusieron a la cabeza en la lucha contra la corrupción e impunidad.

La lucha contra la corrupción fue imperativa, porque no se puede negar que la corrupción en nuestro país ha permitido que la clase política haga de las arcas del Estado, su más preciado botín y una forma rápida de hacer dinero, que pese a cobrar sueldos relativamente bajos, acumulan una fortuna lo que es visible en la serie de nuevos ricos que emergen de la función pública y ahora engrosan los sitios más altos de la pirámide social.

Ese sentimiento común en la sociedad guatemalteca para poner fin a esa actividad ilícita, permitió observar en el 2015 la unión de país, porque en consenso se exigía esa ofensiva  contra la corrupción. Sin embargo, ese panorama fue cambiando mientras trascurría el tiempo, con altas y bajas de apoyo al MP y a la CICIG, la que se desdibujaba más dependiendo de la importancia social de las personas perseguidas penalmente en cada caso presentado para su juzgamiento ante los tribunales de justicia.

Muchos sectores sociales y profesionales del derecho, han criticado profundamente la política criminal impulsada por el MP y la forma y trato que esa Comisión contra la Impunidad brinda a cada asunto penal y el supuesto abuso en el uso de su mandato  para seleccionar a los perseguidos. También se reprocha mucho la mediatización de los procesos penales y la violación a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, al debido proceso y al plazo razonable, así como la violación a otras garantías procesales de índole penal.

Se recrimina que los casos que ha investigado la CICIG han sido seleccionados por motivos ideológicos, sin investigar de forma imparcial a los sectores de izquierda sino sólo de derecha, argumentos posiblemente dirigidos a manipular y hacer creer a la opinión pública que esa selectividad es  ilegal. La selectividad penal actual se deriva de la agenda anticorrupción que quedó ratificada en el 2015 como consecuencia de la exigencia que realizaran muchos sectores de la sociedad civil en la plaza.

Cualquier selectividad que se realiza a la luz del sistema penal, no es producto de la ilegalidad, aun así se considere que tiende a lesionar la igualdad ante la ley. El derecho penal es selectivo por naturaleza, es esa su principal característica, porque opera en forma de filtro, en virtud que no se puede investigar y procesar a todo mundo, porque cualquier Institución de persecución penal, resultaría insuficiente para investigar a todos.

Esta selectividad del sistema penal no es nada nuevo, pues la norma codificada nace con la intención de someter a ciertos grupos que no resultaren afines a sus intereses. Raúl Eugenio Zaffaroni, refiriéndose a esta selección del sistema penal, establece que “el poder punitivo se ha ejercido agudizando la selectividad estructural que lo caracteriza, en particular en forma de control sobre los segmentos sociales carenciados y excluidos del sistema por el retroceso causado por las dictaduras de seguridad nacional y por el propio poder corrupto de las grandes corporaciones a través de sus empleados locales”.

Históricamente la selectividad del proceso penal ha sido dirigida a conglomerados sociales que se les ha encuadrado en gran medida por la pertenencia a un grupo, de acuerdo a su posición social y económica no relevante, lo que se traduce, que casi siempre la selectividad del sistema penal ha tenido como regla perseguir a aquellas personas de escasos recursos económicos, a quienes se les ha escogido en concordancia al paradigma que son los únicos enemigos claramente identificables en la sociedad y los únicos malos, mientras que a personas posicionadas muy bien económica y socialmente, se les encuadra como los buenos de la sociedad.

Esta escogencia del delincuente o del enemigo, se denota hasta en la forma tan sesgada que se han realizado las investigaciones criminológicas del fenómeno delictivo, en las que se ha puesto un gran énfasis en la pobreza y los criminales de las clases socio-económicas bajas, pero no así estudian a personas vinculadas a delitos de cuello blanco, pues los justifican por tener arraigo social y económico.

Sin embargo, este modelo está totalmente derrumbado, ser bueno o malo, honesto o delincuente, nada tiene que ver con la posición social, política o económica que se ostente, pero la selectividad y persecución para este grupo de delincuentes de cuello blanco, es muy difícil pues posee su particularidad puesto que la cosa cambia cuando se trata de incluir en esa selectividad a estos personajes con cierta relevancia social, política y económica, porque aunque hayan cometido los peores crímenes con sus acciones y decisiones, muchas veces se busca construirles la excusa perfecta para sustraerlos de sus responsabilidades y que sus acciones queden en la impunidad. Pareciera que todos están dispuestos a justificar sus actos, con lo que se legitima la vigencia de un nuevo sistema de valores, que realmente son antivalores.

No obstante, la instrumentalidad del proceso penal en la actualidad debe entender que se trate de quien se trate, a ningún ciudadano debe sustraerse de un proceso penal si hay indicios que ha cometido un delito, pero por supuesto que esa selectividad penal resultará repulsiva para cualquier sociedad, si no es respetuosa del Estado de derecho. Cualquiera que sea el perseguido penalmente -siempre y cuando haya violado la ley- aun sea una persona pobre o poderosa, la institución encargada de concretarla, debe actuar de una forma que no colisione con los principios y garantías procesales garantizados en la Constitución y demás legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos, otorgando un trato procesal igual para todos.

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