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El pueblo se juzgará a sí mismo

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A cargo de la Comisión Pesquisidora que, integrada por cinco diputados, escogidos por sorteo, entre el total que integra el Congreso de la República corre el papel estelar en los procesos de antejuicio contra el Presidente de la República.  Presidente y diputados son electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto; por eso nuestros elegidos se juzgan entre ellos. De ahí el título de esta columna.

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Deberá realizar una labor investigativa y rendir un informe circunstanciado al Pleno del Congreso en un plazo que no excederá de 60 días. Para el efecto “examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.”

Deberá la Comisión Pesquisidora “poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.” Y con tal motivo la Ley en Materia de Antejuicio advierte que: (i) “deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado.” (ii) su propósito “consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos”; y el punto crucial de su labor: (iii) “determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario.” (Art. 17).

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