Home > Columnas > La manoseada independencia judicial

La manoseada independencia judicial

///
Comments are Off
COLUMNISTA

La Constitución Política de la República de Guatemala, regula taxativamente que la independencia judicial es una garantía inherente a todo juzgador, para no ser perturbado, molestado, presionado, perseguido o procesado, por ejercer la función jurisdiccional. De esa cuenta, el juez al dirimir la controversia, debe sujetarse únicamente a la Constitución Política de la República y a la ley, pues su fin máximo es la justicia. De la misma forma, regula que cualquier persona nacional o extranjera, que atente en contra de la independencia judicial, será procesada y sancionada severamente.

.

La independencia judicial garantiza, no solo la certeza jurídica que el Estado deposita en sus actos, sino que además, asegura una convivencia pacífica entre sus habitantes, al garantizarles la tutela judicial efectiva a través de jueces imparciales y objetivos.

Los antecedentes de la independencia judicial en nuestro país, se remontan a la Constitución de Bayona, la cual reguló todo lo concerniente al poder judicial, incluyendo, la independencia y autonomía de los jueces para no ser perturbados en el ejercicio de funciones. De la misma forma, las normas que la precedieron fueron muy celosas en tutelar este principio constitucional.

La justicia en Guatemala con muy contadas excepciones, se aplicó hasta hace algunos años de manera objetiva e imparcial, buscando mantener la paz social. Sin embargo, en los últimos días hemos visto como se ha orquestado un ataque sistemático en contra de nuestras instituciones públicas, principalmente en contra del poder judicial, aquél que tiene por objeto juzgar, así como promover la ejecución de los juzgado. Por virtud del cual, nuestros jueces y magistrados, han sido blanco de duras críticas, amenazas, intimidaciones, coacciones, recusaciones, antejuicios y desprestigio profesional y humano, por ejercer la sagrada función de impartir justicia de conformidad con la ley. Todo con el silencio temeroso tanto del Instituto de Magistrados, así como de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, y del propio Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; entidades que por ministerio de la ley, están llamadas a tutelar la defensa del orden constitucional.

A esto, le debemos sumar las continuas y molestas visitas que realizan los personeros de la CICIG y el Ministerio Público, a los distintos juzgados de interés, las que, disfrazadas de capacitaciones, talleres, traslado de capacidades, grupos de apoyo o trabajo, no son más que invasivas formas de exigir a nuestros juzgadores la inmediata emisión de órdenes de captura, allanamientos y medias de coerción, sin importar la existencia o no de indicios en contra de los futuros procesados. Pues, lo único que importa es el escandalo mediático que a la postre, les genera un buen rédito. Así, los jueces que se prestan a estas ilegalidades, rápidamente son galardonados y ascendidos como el caso de los jueces Miguel Ángel Gálvez y Jazmín Barrios entre otros; mientras que, a los jueces que hacen valer la independencia judicial y no se prestan a sus chanchullos, se les recusa, procesa o cataloga como jueces de la impunidad.

De violación al principio de independencia judicial, les puedo citar por ejemplo, el grave caso que se consumó hace varios meses, donde grupos que se autodenominan de la sociedad civil y que tienen cooptada la administración de justicia, concertados con el embajador de los Estados Unidos de América, tomaron por asalto el Poder Judicial. Para ello, se valieron de los sucios oficios de la emperatriz de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, quien en total abuso de autoridad y mangoneando a su sabor y antojo a los demás magistrados que la integran, ordenó a la Corte Suprema de Justicia, no solo defenestrar del cargo a la recién electa presidenta Silvia Patricia Valdés Quesada, sino que además, el inmediato nombramiento de uno de sus adláteres, quien hoy ocupa tan alto cargo. Lo extraño en todo esto es, que el colombiano quien tanto alardea de perseguir la corrupción y atacar la impunidad, en este caso no se pronunció, a pesar del grave atentado en contra de la institucionalidad del país. Justicia selectiva que le dicen.

También les puedo citar el caso de la juez Silvia Violenta De León Santos, titular del Juzgado Sexto de Instancia Penal. Una persona a quien conocí litigando y participando activamente en varias audiencias en su juzgado. Tuve la oportunidad de leer y escuchar las resoluciones judiciales que emitió en aquella época, una verdadera cátedra de derecho en cada una de ellas. La juez Silvia De León, se caracterizó hasta hace algunos años, por la prudencia en su actuar, su honradez, y el conocimiento técnico jurídico no sólo del proceso penal, sino que además, de todas las disciplinas legales, lo cual le valió incluso, una postulación a la Corte Suprema de Justicia. Hasta que, su nombre apareció en la lista de los jueces de la impunidad de la CICIG. A partir de ese día, la brillante juez, sucumbió en la lucha por buscar la justicia y hacer valer la independencia judicial. A partir de ese momento procesó y encarceló a cuanto sindicado sentó en el banquillo, a quienes no solo juzgó por la comisión de hechos delictivos, sino que además por transgresiones civiles y administrativas. Tal y como la que de forma ilegal, inició y tramitó en contra del hermano e hijo del presidente de la República, a quienes los encarceló por más de dos meses, a pesar de que los delitos por los cuales fueron vinculados permiten la aplicación de una medida sustitutiva. Todo por seguir al pie de la letra las nocivas instrucciones del colombiano, en su lucha por atentar en contra de la presidencia de la República. La juez Silvia de León, debe saber, que mal paga el diablo a quien bien le sirve y que no está lejos de ser procesada por las ilegalidades que cometió; las cuales, deberá enfrentar sola, sin el acompañamiento de la CICIG. Ojalá estas líneas ayuden a recapacitar a la juez, para retomar el rumbo con que inició su carrera administrativa.

Caso muy distinto al de la Juez Marta Josefina Sierra, una abogada comprometida con la justicia y la búsqueda de la verdad, quien no se plegó ante los espurios intereses de la CICIG, lo que le valió, además de una larga estadía en prisión sindicada de pertenecer al caso Bufete de la Impunidad, la pérdida de su judicatura. Puedo afirmar con toda propiedad que la juez Marta Josefina Sierra, es una mujer valiente, proba y justa. Tuve la experiencia de litigar en el juzgado a su cargo, donde rápidamente percibí en ella un nutrido conocimiento legal, así como un excelente deseo de servicio. Hoy el proceso malicioso que se inició en contra de la juez y los demás sindicados, cae por su propio peso, pues ni la CICIG ni el Ministerio Público lograron determinar ni acreditar fehacientemente la responsabilidad penal de los sindicados. Fue por ello que el valiente juez Mynor Moto Morataya, de nuevo, nos dio otro ejemplo de independencia judicial, al resolver la clausura provisional del proceso. Esta gallardía le valió al juez, nuevamente una recusación y el acostumbrado berrinche del colombiano en las redes sociales, donde ahora, también litiga los casos. Me anticipo a decirle al colombiano si es que aún continua en el país, que la resolución emitida por el juez Moto, difícilmente será modificada, pues el proceso espurio que inició en contra de la juez Marta Sierra y los demás sindicados, no cuenta con el soporte legal para procesarlos.

Otro claro ejemplo de aplicación del principio de independencia judicial, es el que nos brindó la semana recién pasada, el titular del juzgado cuatro de instancia penal, Carlos Guerra Roldán, quien a pesar de la presión de los medios de comunicación y del propio Ministerio Público, no se amilanó, e hizo valer la castigada independencia judicial, cerrando irrevocablemente el proceso, en favor de la ex secretaria de protección a la niñez Anahí Keller Zabala, sindicada en el trágico accidente que ocurrió en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Pues, debido a las múltiples falencias en la investigación que practicó el Ministerio Público, no se logró determinar de forma legal, la responsabilidad penal de la sindicada en el hecho delictivo por el cual se le vinculó. Debido a ello el juez Carlos Guerra, enfrenta hoy una maliciosa recusación que le promovió el disoluto agente fiscal Edgar Gómez, así como duras criticas en la redes sociales y en los medios de comunicación. Me atrevo a decir que la resolución emitida por el intrépido juez, difícilmente será modificada, pues la misma está fundamentada de conformidad con la ley.

Hoy, al terminar de escribir esta columna, veo que los medios de comunicación cooptados, alardean sobre la posible renuncia de la Fiscal General Thelma Aldana, si el presidente de la república expulsa al colombiano. El berrinche de la funcionaria llegó al punto de coaccionar al presidente de la república para que deje de hacer algo que a ella no le consta y, que en todo caso, no es de su competencia. Como era de esperarse, los grupos de la extrema izquierda, semilleros y personas vinculadas con las actividades terroristas del pasado, como el Súper Intendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa entre otros, empezaron a vociferar especulaciones, y a realizar convocatorias inútiles en apoyo al ídolo de barro que han construido y sobre quien, pesa más de una centena de personas en prisión preventiva, pero ninguna condena significativa que justifique los cuatrocientos mil quetzales que se embolsa mes a mes.

Presidente Morales, usted sabe que el pueblo de Guatemala lo apoya. Por favor, defienda la soberanía nacional, actúe con valor y expulse al colombiano, que tanto daño ha hecho al país con sus persecuciones  penales selectivas y a la carta. De la misma forma, destituya no solo a la Fiscal General Thelma Aldana, por haber atentado de forma sediciosa, en contra de la institución presidencial que usted representa, sino que además, a los malos funcionarios que fueron impuestos por el nefasto embajador Todd Robinson, entre ellos el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, la Ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. Y tenga la plena confianza que Guatemala se lo agradecerá. #IvanSeLarga

.
.