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Un amparo muy especial

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Dos son las premisas con que fundamento esta opinión: La primera: “todo problema internacional se origina de un problema nacional”; y la segunda: “todos los actos del poder público –sin excepción alguna— son susceptibles de enjuiciamiento judicial”.  Ahora podremos apreciar si funcionan, a resultas de la decisión adoptada por el Presidente Jimmy Morales al declarar persona non grata al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

La decisión presidencial, desde el punto de vista del derecho guatemalteco, se fundamenta en la norma contenida en la literal o) del artículo constitucional 183, que le confiere al Presidente de la República la función de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y desde la perspectiva del derecho internacional, en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta al Estado receptor “en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditando que el jefe u otro miembro del personal de la misión es persona non grata...”

La interpretación de la Constitución ha de ser armónica, no se deben interpretar sus partes aisladas unas de otras.  Es importante por ello destacar que el inciso o) del artículo constitucional 183 no le confiere al Presidente un poder discrecional y absoluto para dirigir la política exterior y las relaciones internaciones según su personal y particular conveniencia. Baste recordar que para la formulación de la política exterior y de las relaciones internacionales nuestra Carta Fundamental exige la participación –obligada – “conjunta”, es la palabra que utiliza, del Vicepresidente (literal d del artículo constitucional 191).  El uno y el otro, en el ejercicio de la función de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, deben, obligadamente, ajustar su conducta a los principios de legalidad y supremacía constitucional. Tal es la consecuencia que resume la expresión ideológica consagrada en el Preámbulo de la Constitución de exigirle a los gobernantes proceder en todos sus actos “con absoluto apego a Derecho.”  En otras palabras, el Presidente carece de las facultades que tiene un monarca absoluto; no puede, por lo mismo, proceder antojadizamente en la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales de nuestro país. Sus actos, por muy políticos que sean, siempre estarán sujetos al contralor de constitucionalidad.

Sumo a lo anterior el principio de supremacía constitucional: la Constitución “prevalece” sobre cualquier tratado internacional distinto de aquellos aceptados y ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos (Artículos 44, 175 y 203);  por tal motivo el Presidente debe acatar, obligadamente, el principio de que Guatemala debe normar sus relaciones con otros Estados “con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al […] respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.” (Art, 149).

Todo lo anterior explica que –desde la perspectiva del derecho guatemalteco— el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas regula una facultad que el Presidente de la República no puede utilizar a diestra y siniestra. Por mucho que se enfatice la naturaleza política de la decisión presidencial que nos ocupa, no puede el Presidente olvidarse de proceder conforme con el principio de legalidad ni olvidar el principio de supremacía constitucional; máxime que su decisión ocurrió en circunstancias que a primera vista parecen asentadas en razones de su propio y personal interés, es decir con un ejercicio abusivo del poder.

A la luz de tales consideraciones trato de contextualizar jurídicamente el proceso de amparo que hoy conoce la Corte de Constitucionalidad (identificado como expediente No. 4179-2017, promovido por Álvaro Montenegro Muralles y Elvyn Leonel Díaz Sánchez en contra el Presidente de la República de Guatemala). Al respecto, confieso, tengo una gran curiosidad por ver si habremos de presenciar un acto de “escapismo político”, siguiendo las enseñanzas de la U.S. Supreme Court, o no…

Dentro del referido amparo, por auto del 27 de los corrientes, la Corte de Constitucionalidad, con tres votos a favor (de los Magistrados De Mata Vela, Porras Escobar y Fernández García) y dos en contra (de los magistrados Ochoa Escribá y Aldana Herrera) resolvió: “[…] que, a juicio de esta Corte, las circunstancias lo hacen aconsejable y con base en lo que establece el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que atribuye a este Tribunal la función esencial de la defensa del orden constitucional, y en los artículos 149 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 9 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas; 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y 12 del Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se otorga el amparo provisional solicitado. Como consecuencia de la decisión que antecede, y siendo que en este momento se concretó la amenaza que constituye el acto reclamado en el amparo, hecho notorio y público, por las declaraciones que comunicó por medios públicos el Presidente de la República de Guatemala –autoridad denunciada-, se suspende la decisión que profirió dicho funcionario, que declaró Non Grato a Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, así como la de expulsión de dicha persona del territorio de la República de Guatemala.”

El otorgamiento del amparo “provisional” –porque es revocable en cualquier estado del proceso (artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad)—    permite, momentáneamente, un compás de espera, justificable por consideraciones de orden público (enfriar los ánimos caldeados y evitar así confrontaciones y agresiones físicas) y permitirá a las partes,  con las formalidades de un debido proceso— justificar la legalidad de sus respectivas posturas.

Resultado del amparo provisional es, además, la orden de notificar la resolución a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de la Defensa Nacional, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil para que “se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente de la República de Guatemala que se deja en suspenso […] con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se deducirán las responsabilidades que correspondan”.

En preparación del juicio de amparo que debe desarrollarse en los próximos días, la CC dispuso tener como terceros interesados y, por lo tanto, como parte en el presente amparo a Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; al Procurador de los Derechos Humanos; a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH–; al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, y a la Procuraduría General de la Nación. De cara al exterior, omitió citar a la Comisión como parte interesada sin rendir ninguna razón explicativa al respecto.

Lo que se alegue y lo que se llegue a demostrar dentro del juicio de amparo aún está por verse.  Lo cierto es que, al día de hoy, solo se puede apreciar un hecho indubitable: que todo país tercermundista debe meditar cuidadosamente las consecuencias que le significa contraer obligaciones internacionales; como decían los abuelos: “Saber a qué se mete”.

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