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Minería, buscando solución a la conflictividad

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El Estado de Guatemala, reconoce la importancia del sector minero para el desarrollo del país, desde el año 1906 cuando crea, dentro de la estructura de la Secretaría de Fomento, la Dirección General de Minería, Industrias Fabriles y Comercio. En los considerandos de su creación, 1se lee…“Guatemala es un país que tiene grandes riquezas, no solo en su naturaleza sino también en sus recursos minerales”…

La Constitución Política de la República, (Asamblea Nacional Constituyente, 1985), reconoce la importancia de los recursos presentes en el subsuelo del país y declara (Articulo 125) “de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de los hidrocarburos, minerales y demás  recursos naturales no renovables.”.

“Solución mediante el diálogo entre  poblaciones, Estado,  inversionistas”.

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el Estado de Guatemala debe adherirse al Convenio 169 de la OIT, Convenio de Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Este convenio establece, que los estados deben consultar a la población de los pueblos indígenas, cualquier medida que los afecte y además, cuando  el Estado sea dueño de recursos del subsuelo, presentes “en sus tierras”. Durante el gobierno de Álvaro Colom, el Estado de Guatemala solicitó a la OIT, por medio del Ministerio de Trabajo, asistencia técnica para formular un Reglamento de la Consulta a los Pueblos Indígenas, en el marco del Convenio 169. El proceso de elaboración se llevó a cabo, considerando también presiones y acciones ejercidas por ONG´s en torno al desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros en el país. Sin embargo, fueron las mismas ONG’s las que se opusieron a la publicación del Acuerdo Gubernativo que daría vigencia al mecanismo para implementar el reglamento, que se creía viabilizaría la solución de los conflictos entre el gobierno, los inversores y la población; se buscaba la solución mediante el diálogo, entre representantes legítimos locales, el Estado y los inversionistas, obligado el Estado  a ejercer el liderazgo en los intercambios dialógicos, ya que son sus recursos los que se estarán explotando. Y el inversor, proporcionando al Estado toda la información relevante y en Ley sobre el proyecto a desarrollar, de manera que el interlocutor ante la población, pueda llevar a esta, tal  información de una manera clara y sencilla, que no deje lugar a dudas.

La Corte de Constitucionalidad también ha emitido opinión, sobre el papel que el Estado debe asumir respecto a satisfacer las necesidades de las poblaciones donde se desarrollan proyectos mineros (Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, Expdte. 1179-2005).

En el año 2007, el Estado publicó el Acuerdo Gubernativo No. 481–2007 en el cual se aprueba la Política Minera y Energética para el período 2007 – 2015. Esta política fue adoptada, en su parte conducente, por los gobiernos de la UNE (2008 – 2012) y del PP (2012-2015). Es de notar que este mismo instrumento, abarca en su contenido, el tema minero, debidamente aprobado mediante el referido acuerdo gubernativo.

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