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AmCham alerta crisis en inversiones por suspensión de proyecto minero

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170825 MINA SAN RAFAEL

Ante la confirmación por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), de suspender provisionalmente las operaciones del proyecto de explotación El Escobal de Minera San Rafael, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham) expresó su preocupación ante las pérdidas económicas, fiscales y laborales para el país que esta decisión ha provocado; afectando a inversionistas, proveedores, empleados y municipalidades en el área de influencia de la mina y al Estado de Guatemala.

Fuera del tema económico, el prospecto de certeza jurídica que las altas cortes están enviando a los inversionistas nacionales e internacionales, con sus fallos, es altamente irregular.

El presidente de AmCham, Juan Pablo Carrasco indicó que, desde el 2014, Minera San Rafael, una de las minas de plata y oro más grandes del mundo, ha hecho fuertes inversiones y promovido un desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también nacional.

“La suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país, ya que como Estado se está desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país”, añadió.

Detalló que a pesar del cese de operaciones, Minera San Rafael ha continuado cumpliendo sus acuerdos e incluso en este mes ha pagado regalías a la Municipalidad de San Rafael las Flores por un monto de Q6 millones 246 mil.

El Escobal de Minera San Rafael queda suspendido por acusaciones de discriminación

DISCRECIONALIDAD EN FALLOS DE LAS CORTES

La CC ya estableció un precedente en el caso OXEC, el cual se debería considerar, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país.

Con esta suspensión de operaciones se ha puesto en riesgo más de 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos, así como los más de US$5 millones que dejan de ingresar diariamente al país por la operación, y los más de US$120 millones en inversión anual y pago a proveedores.

Carrasco puntualizó que desde la perspectiva del inversionista, la acción tomada ha causado una pérdida del 45% del valor en bolsas internacionales de la entidad Tahoe Resources, Inc., propietaria de la Minera San Rafael.

“Es de suma importancia mencionar que, al contar con capital estadunidense, es una empresa amparada bajo el Capítulo X de Inversión del DR-CAFTA, lo cual la habilita para plantear una demanda internacional millonaria de protección al inversionista en contra del país”, explicó.

GUATEMALA PAGA POR LOS FALLOS DE LAS CORTES

Este tipo de demandas se plantean ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En los casos de TECO y FERROVIAS, el Estado de Guatemala fue condenado al pago de US$16 millones y US$18.6 millones, en concepto de indemnización por los daños causados al inversionista.

Aparte de las pérdidas socioeconómicas que la suspensión en sí conlleva, es preocupante ver que el caso de Minera San Rafael pueda resultar en una demanda internacional que potencialmente representará una indemnización millonaria contra el país.

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