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Caramba don Fanuel, ¿Usted cómo le hizo?

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COLUMNISTA

Las ciencias forenses se definen como el conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de la  producción de las pruebas a efectos judiciales mediante una metodología científica. De esa cuenta, un experto en un arte, profesión u oficio, suministra al tribunal que lo requirió, una opinión fundada sobre un aspecto determinado, para aclararle al juez un punto dudoso o litigioso.

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Los antecedentes periciales en Guatemala, se remontan al año mil novecientos veintidós, fecha de la creación del Gabinete de Identificación de la Policía Nacional (PN). El Servicio de Identificación, como originalmente se le llamó, estuvo a cargo del brillante experto en  grafotécnia y dactiloscopia, Desiderio Menchú Escobar, por más de cuarenta y cinco años. Desde su inicio, este departamento contó con detectives que, sin tener el conocimiento técnico-científico adecuado, efectuaban distintos peritajes en los tres laboratorios que funcionaban originalmente, a saber: el Laboratorio Dactiloscópico Henry, el Laboratorio Fotográfico y el Laboratorio Criminalístico. Con posterioridad y atendiendo a las necesidades sociales se crearon además, los laboratorios de identificación personal, de examen de sangre, de cabello; de drogas, de armas de fuego, de pruebas de parafina, de pólvora, de tatuajes, de proyectiles, de cascabillos; identificación por huellas dactilares, palmales y plantares, reseña física; y de vehículos automotores identificables. De esta forma los expertos de la Policía Nacional, coadyuvaron con frecuencia en la resolución de muchos crímenes.

De la misma forma, se recuerda al Servicio Médico Forense del Organismo Judicial, aquella  pequeña clínica ubicada a un costado del cementerio general, encargada de efectuar los peritajes médicos y odontológicos forenses, y que por muchos años estuvo a cargo del doctor Mario René Guerra López.

Sin embargo, estos peritajes continuamente eran impugnados en los procesos judiciales, ya que en su mayoría no eran realizados por personas versadas en la materia. Pues no obstante de que los peritos contaban con el conocimiento técnico en determinado arte u oficio, carecían del título que los certificaba como tales. Ó, en su caso, los mismos se practicaban por expertos que pertenecían a la misma institución que investigaba o juzgaba al sindicado, con lo cual, se violentaba el principio de objetividad e imparcialidad, convirtiendo al perito, en juez, investigador y parte. En otros casos, no se contaba con el equipo y los medios necesarios para tomar evidencias y analizarlas. Debido a ello las resoluciones judiciales que se dictaban con el apoyo de estos peritajes, no gozaban de la certeza jurídica plena, pues se corría el riesgo de condenar a una persona inocente, de absolver a una persona culpable, o de no realizar el peritaje, por carecer de los insumos necesarios para ello. Con lo cual se generaba impunidad.

Fue por ello que Guatemala, se vio en la necesidad de implementar mejores y útiles métodos de investigación técnico científica, que estuvieran a la vanguardia y fueran útiles para realizar una investigación pericial objetiva e imparcial, que al final dotara al juez de la certeza necesaria para emitir una resolución judicial apegada a derecho.

De esa cuenta, mediante el decreto número 32-2006, del Congreso de la República, se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, como una institución auxiliar de la administración de justicia, con personalidad jurídica propia, autónomo y único. Encargado de realizar todas las investigaciones técnico científicas en materia de peritajes forenses. Se reguló también la necesidad de nombrar a un director, quien además de ser un profesional en el área jurídica o de las ciencias médicas, debería reunir todas las características y aptitudes necesarias en materia forense, tales como la especialización universitaria a nivel de post grado en criminalística, así como, la experiencia laboral comprobable en la administración de instituciones técnico científicas.

Sin embargo, al analizar el perfil del abogado Fanuel Macbanai García Morales, así como el perfil de los otros treinta y ocho aspirantes al cargo, puedo afirmar con toda propiedad, que el señor García Morales, no llena tan siquiera los requisitos mínimos para optar al cargo de director del INACIF. Y no me baso en simple hecho de que el elegido ocupó el décimo puesto en la lista de ponderación de las calificaciones obtenidas. Me fundamento en que el recién estrenado director no cumple ni por asomo el perfil de idoneidad que se requiere para ocupar tan alto cargo. Pues de la simple lectura que se haga de su hoja de vida, se podrá apreciar que únicamente acreditó ser guatemalteco, así como abogado y notario. Pues no acreditó tener especialización a nivel de maestría o doctorado en criminalística, – disciplina que tiene por objeto explicar y probar la forma en que se cometió un delito, así como los autores y sus víctimas -. Como tampoco acreditó tener cinco años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense. A diferencia de los demás postulantes, quienes sí acreditaron estudios universitarios a nivel de post grado en criminalística, así como una basta experiencia forense, pero que por alguna razón no fueron electos.

Lo que sí acreditó Macbanai, para merecer el codiciado puesto fue, haber tomado en el año dos mil dos, es decir hace más de quince años, un simple diplomado en criminología – ciencia que estudia los factores internos por los cuales una persona comete un hecho delictivo- Diplomado que duró tan sólo cuatro días. Acreditó también que su única experiencia profesional la realizó como letrado de la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, en la Corte de Constitucionalidad; y, que además que es un devoto pastor en una iglesia evangélica, a la que casualmente acude Gloria Porras Escobar. Vaya experiencia forense.

Esta burda designación se llevó a cabo con el complaciente espaldarazo de Iván Velásquez Gómez, así como de los miembros del Consejo Directivo que lo eligieron, dentro de los cuales figuran la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández, el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, el Presidente del Organismo Judicial, Nery Medina Méndez, y los Presidentes de las Juntas Directivas de los colegios de abogados, médicos y químicos respectivamente. Quienes a sabiendas de que el abogado Fanuel García Morales, no llenaba el perfil de idoneidad y experiencia para optar al cargo, lo eligieron.

Esto además, con la valiosa colaboración de varios medios de comunicación y de las organizaciones de la supuesta sociedad civil, quienes, en los anteriores procesos de elección de Magistrados, Procuradores, Contralor General, Defensor Público y Fiscal General, se rasgaron las vestiduras y criticaron pública y severamente no sólo a los profesionales designados, a quienes tacharon de incompetentes, sino que además, despotricaron en contra del mismo procedimiento de convocatoria y elección que hoy se utilizó para nombrar a don Fanuel; con la gran diferencia que esta vez lo celebraron y aplaudieron de forma pomposa.

Esto me lleva a la conclusión de que Macbanai, no es más, que uno de los peones de los poderes ocultos que tienen cooptada la administración de justicia, y que su nombramiento a partir de ahora les garantizará la obtención de peritajes selectivos y a la carta, para ser utilizados en los tribunales de justicia, como pruebas irrefutables para condenar o absolver a sindicados de su interés. Tal y como ocurrió en el trágico fallecimiento del ex ministro de finanzas públicas, Pavel Centeno, a quien luego de practicada la necropsia, se informó que su muerte había sido por suicidio, aún cuando el cuerpo tenía más de tres impactos de proyectil de arma de fuego.

Debido a ello, varios de los aspirantes excluidos, así como la Fundación Contra el Terrorismo, promovieron acciones constitucionales de amparo, con el objeto no sólo de denunciar el hecho, sino que además de exigir la inmediata suspensión del cargo del director del INACIF, así como el nombramiento de una persona capaz e idónea para dirigir la institución, debido a las múltiples falencias en que incurrió el Consejo Directivo en la elección. Por lo que ahora toca a los magistrados designados actuar con valentía y estricto apego a la ley, para rechazar cualquier intento de intromisión nacional o extranjera, que pretenda socavar la institucionalidad del país. Debiendo emitir su fallo, sin temor alguno y haciendo valer la independencia judicial de la cual están investidos.

Claro, con el inminente riesgo de que la Corte de Constitucionalidad, al conocer el recurso de apelación, lo admita, pues es del conocimiento general que la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, no solo maneja esa Corte y a los magistrados que la integran a su sabor y antojo, sino que además, es íntima amiga de don Fanuel. Por lo que estoy seguro que para favorecerlo, no dudará en archivar las acciones presentadas, de la misma forma en que archivó por más de cuatro años el proceso en contra de la ex directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, sindicada del delito de ejecución extrajudicial.

Así, mientras el abogado Fanuel Macbanai García Morales, ocupe la dirección del INACIF, su nombre se sumará a la lista de los funcionarios incapaces, junto a Francisco Rivas Lara, el incompetente Ministro de Gobernación, Juan Francisco Solórzano Foppa, y Lucrecia Hernández Mack, entre otros malos funcionarios que fueron “sugeridos” por el castigado embajador Todd D. Robinson.

 

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