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¿Colaborador eficaz o falaz?

COLUMNISTA

A finales del año dos mil, en la ciudad de Palermo, Italia, se suscribió la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La cual fue aprobada en Guatemala, mediante el Decreto Número 36-2003 del Congreso de la Republica, Ley Contra la Delincuencia Organizada. De esa forma la convención de Palermo, como también es conocida, instó a todos los países miembros, Guatemala incluida, no solo a luchar contra la corrupción, sino que además, a crear y regular los instrumentos jurídicos necesarios, tendientes a erradicar ese flageo. Así mismo, a implementar mejores y útiles métodos de investigación penal y de prueba, en beneficio del Estado y por ende de sus habitantes.

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De esa forma, la normativa inspirada en el combate a la delincuencia organizada transnacional, implementó métodos innovadores en el sistema de investigación y de prueba guatemaltecos, capaces de lograr la efectiva persecución y procesamiento penal de las estructuras criminales organizadas. Así, se instituyó la figura del colaborador eficaz, entendida esta como la prerrogativa que se otorga a un delincuente que, formando parte de una estructura criminal organizada, luego de ser arrestado, se arrepiente y decide colaborar en la investigación y procesamiento de los demás integrantes de la organización, a cambio de la obtención de un beneficio penitenciario por su declaración.

Sin embargo, el derecho penal premial que en otros países demostró ser una perfecta herramienta, capaz de aniquilar por completo a grupos delictivos organizados, no ha tenido en Guatemala la relevancia jurídica necesaria para eliminar la corrupción. Esto, debido a que tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, han utilizado este instrumento como medida de coacción y chantaje, para presionar a ciertos sindicados de interés, a que declaren o informen falsamente hechos que no le constan, a cambio de un beneficio procesal o económico. De esa forma se ha desnaturalizado ese valioso mecanismo procesal, para convertirlo en un medio inquisitivo de persecución penal selectiva y desproporcionada.

Como por ejemplo, la que ilegalmente se inició en contra de los hermanos Valdés Paiz, a quienes el Ministerio Público y la CICIG, de forma absurda y para proteger a los verdaderos asesinos, sindicaron de haber dado muerte al abogado Rodrigo Rosenberg Marzano. Donde para poderlos procesar y encarcelar preventivamente por más de cuatro años, se valieron de la simple declaración del colaborador eficaz Luis Mario Paz Mejía.  A quién, en un principio mostraron como un arrepentido delator, pero con posterioridad descalificaron deshonrosamente, cuando éste, arremetió en contra del fiscal, a quien denunció de haberlo coaccionado para declarar falsamente algo que no presenció. Fue por ello que el valiente Juez Mynor Motto Morataya, haciendo valer la castigada independencia judicial, resolvió clausurar provisionalmente el proceso. Lo que le valió, además de una recusación, el repudio del Ministerio Público y de la CICIG, por no plegarse a sus arbitrariedades.

Así mismo, la que injustamente se inició en el caso denominado Pavo Real. Aquella operación policial que en el año dos mil seis, tuvo por objeto retomar el control de ese centro de detención penal; donde en un inicio se sindicó y encarceló al ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes; al ex director del sistema penitenciario, Alejando Giammattei Falla; así como al ex director de la policía nacional civil, Erwin Sperisen y al ex sub director, Javier Figueroa. Quienes a excepción de Sperinsen, luego de un litigio malicioso y prolongado fueron declarados inocentes de todos los cargos. Caso en que de la misma forma, se utilizaron las declaraciones de dos testigos protegidos, a quienes la CICIG, ofreció como recompensa por su mal intencionada declaración, los siguientes beneficios: al primero de ellos, un francés condenado por asesinato, cumplir una reducida condena en su natal Francia; y a la segunda, la madre de un interno asesinado, una cuantiosa cantidad de dinero producto de su declaración. Sin embargo, luego de efectuada una investigación médico-forense en los cuerpos de las víctimas, se logró determinar que aquel delincuente francés, ahora de paseo por los Campos Elíseos, se confundió en su declaración y que la madre de aquel reo asesinado, no tenía ni las más remota idea del contenido de la declaración que firmó, en una hoja de papel escrita en idioma francés. Debido a ello, hoy, el caso que se tramitó en contra de Erwin Sperisen, en la bella ciudad de Ginebra, se anuló y se espera un nuevo pronunciamiento judicial.

Hasta llegar al caso donde el pentiti guatemalteco, Juan Carlos Monzón Rojas, quién por disposición legal no puede gozar de este beneficio, por ser uno de los líderes de la estructura criminal, declaró ante el juez Miguel Ángel Gálvez, que en el mes de mayo del año dos mil catorce, se reunió con la Fiscal General Thelma Aldana, a quién le pidió ayuda para evitar su persecución penal así como la de su esposa, en el proceso conocido como El bodegón.  Un caso en donde se investigaba el contrabando de granos de maíz y frijol. Así, en la declaración judicial que brindó, específicamente en las páginas 136 y 137, el colaborador eficaz, narró como la inmaculada Fiscal General, de inmediato lo recibió en su despacho y rápidamente contactó al jefe de la fiscalía, a quién le ordenó no solo detener la investigación, sino que además no mediatizar el caso, pues se trataba de la esposa y del secretario de la vicepresidencia de la República. Hecho que hasta el día de hoy, no obstante de constituir un claro tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, no ha tenido repercusión legal en contra de Monzón, su esposa o la propia Fiscal General, más que una larga estadía para esta, en el extranjero, así como su acostumbrada victimización; todo con el silencio complaciente del colombiano.

Al contrario de lo que ocurrió en el proceso judicial conocido como bufete de la impunidad. Donde el colaborador eficaz Salvador Estuardo González Álvarez, declaró la forma en que supuestamente una juez y un bufete de abogados, fraguaron el otorgamiento de varias medidas sustitutivas reguladas en la ley. Declaración que de inmediato aprovechó el colombiano y la propia Fiscal General para rasgarse las vestiduras y de esa forma, armar tremendo proceso penal. Con la gran diferencia que en éste, sí se procesó y encarceló de inmediato no solo a la funcionaria judicial que las otorgó, sino que además a los abogados defensores de los sindicados; a quienes en total violación al debido proceso, los tienen encarcelados preventivamente desde hace más de dos años, a pesar de que los delitos por los cuales están vinculados permiten la aplicación de una medida sustitutiva.

Mientras termino de escribir estas líneas, me sorprende e indigna escuchar la noticia, en la que se informa que la jefa de la fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, en total abuso de autoridad y aprovechando la trágica situación por la que atraviesan nuestros veteranos de guerra y sus familias, pretendió coaccionarlos, para que se acogieran al beneficio de testigos protegidos y de esa forma rindieran declaraciones falsas, y suplantaran evidencias en contra de otros veteranos detenidos, a cambio de otorgarles su libertad. Lo cuál como era de esperarse no le funcionó. De lo que la fiscal Pineda si puede estar segura es, que este hecho será denunciado para que no quede impune y que los valientes héroes a quienes ella tiene injustamente encarcelados, no se prestarán a su juego sucio.

Así, la figura del colaborador eficaz, como un excelente método de política criminal, para combatir el crimen organizado, quedará reducida para ser utilizada de forma selectiva y desproporcionada, atendiendo únicamente a los intereses oscuros del Ministerio Público y la CICIG.

 

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