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¿Por qué consulta popular?

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Refiriéndose a “la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice”, el artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución dice en lo pertinente: “Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución”.

En sentencia del 03.11.92 (Exp. 290 y 292-91) la Corte de Constitucionalidad analizó la norma anterior y sustentó su análisis con el DRAE, diciendo que “El citado diccionario, para los efectos relevantes, define la palabra “acuerdo” como “resolución premeditada de una sola persona”, “refiriéndose a dos o más personas o cosas, mostrar conformidad o alcanzarla”; en cuanto a “definitivo”, “dícese de lo que decide, resuelve o concluye”. Es claro, en consecuencia, que la norma se refiere a cualquier decisión final, unilateral o bilateral, del Ejecutivo, que decida, resuelva o concluya el diferendo con Belice, la cual, el Congreso de la República deberá someter a consulta popular, de conformidad con el artículo 19 de las Disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política.”

De entre los varios principios rectores enunciados por el Art. 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cito: (i) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas; (ii) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; (iii) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí; (iv) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos.  Y agrego: “no dejar que controversia alguna entre los Estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable.” (Art. 27).

¿Cómo se han de resolver estas controversias? Según los artículos 24 y 25 de la Carta: “Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta”, siendo éstos “la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, en cualquier momento, las Partes.”

En el diferendo Guatemala-Belice las dos partes agotaron infructuosamente todo el repertorio de los llamados “medios diplomáticos”; descartaron el arbitraje y optaron expresamente por el procedimiento judicial.  Al igual que este último procedimiento el arbitral también podría producir la anhelada solución definitiva al diferendo.  Por este motivo Guatemala, obligada por su mandato constitucional, debe acudir a la consulta popular antes de someterse a la decisión de cualquier tribunal –arbitral o no— porque lo que manda es el “acuerdo final”; y ningún tribunal internacional –incluido uno arbitral— no aceptaría que su laudo quede sujeto a la aprobación posterior de una de las partes; el ejercicio sería inútil y carente de seriedad.

 

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