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Las semanas anteriores han dejado toda una estela de corrupción que resulta tan impresionante de admirar cómo que fuera la columna de fuego que guió a los antiguos israelitas del mito bíblico.   El caso corrupción-construcción reveló quizá la trama de corrupción más grave que afecta al sector privado guatemalteco.  Al mismo tiempo,  la última entrega de resultados en la investigación del homicidio de Byron Lima muestra que las estructuras del Estado literalmente entregaron a Lima en bandeja de plata.

Lo que las investigaciones van mostrando es la radiografía completa del país, donde empresarios (con apellidos conocidos y sin apellidos conocidos), funcionarios públicos, familiares de funcionarios públicos e ideólogos son voluntariamente piezas fundamentales del engranaje de un sistema crónico. Es más que claro Guatemala resulta un perfecto ejemplo del denominado crony capitalism (capitalismo clientelista).  Los actores de mercado (o actores con intereses en el mercado) no arriesgan capital y de hecho no acumulan capital de no ser por las estrechas relaciones que existen entre empresarios y funcionarios públicos. El Estado se utiliza como instrumento para asegurar condiciones favorables ( pero no de mercado)  las cuales producen ganancias exorbitantes.   Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi representan perfectamente esta forma de amasar fortuna.  Pero los nombres rimbombantes vinculados a constructoras o empresas de telefonía demuestran que,  los rancios empresariados utilizan – y mucho-  las mismas formas corruptas.  Y aquí es donde precisamente vale la pena hacerse la pregunta, ¿Competencia en igualdad de condiciones? ¿Estado de Derecho?  ¿Defensa de la República?  De hecho, el sentido ciudadano republicano en este caso no llamaría a la defensa del gran empresariado sino, precisamente a sancionarlo moralmente por jugar viciosamente por reglas que la gran mayoría de los contribuyentes no pueden utilizar.  En un sistema republicano, la noción de igualdad ante la ley significa, en pocas palabras, el cumplimiento universal de las reglas del juego y las reglas fiscales son las más importantes.   Y quizá, lo más detestable es que al final del día, buena parte de la razón por la cual el Estado se paraliza (cómo sucede en este momento)  no se debe al miedo a Cicig sino que sencillamente, tanto los actores de mercado como actores políticos no tienen ni la menor idea de cómo operar sin la corrupción de por medio.

Sin embargo, lo que resulta a todas luces contradictorio es que se argumente que Cicig genera un ambiente de terror pero sobran los que están dispuestos a involucrarse en tramas de corrupción. Mantengo la presunción de inocencia (que toda democracia que respeta los DDHH otorga) pero, estas preguntas tienen que hacerse: ¿Qué necesidad tiene una (persona más o menos figura pública por su apellido) para acceder a introducir los explosivos (de acuerdo a la versión de la investigación oficial del MP-Cicig) que serían usados en el ataque contra el ex capitán Lima? ¿Qué necesidad tiene un consultor político para diseñar (de nuevo, de acuerdo a las investigaciones del MP-Cicig) una trama de financiamiento electoral ilícito? Pudiendo luego retirarse como consultor, ex diplomático e incursionar en la academia ahora le toca enfrentar un proceso judicial.  ¿Qué necesidad tienen los grandes constructores vinculados directamente al sector privado organizado para aceptar pagar sobornos?  Resulta paradigmático que estos actores de mercado prefieran pagar las coimas de corrupción que, pagar impuestos.  Es ridículo e ilógico.

Aquí la clave: Hasta que los ´poderosos´ no tengan el temor a corromper el sistema para ordeñarlo a su favor, el cambio estructural no se habrá dado en el país.

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