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¿Hora de replantearse el Ministerio de Desarrollo Social?

Columnista

El Ministerio de Desarrollo Social tiene su origen en los programas sociales que se implementaron en el Gobierno del ex Presidente Álvaro Colom Caballeros, específicamente en aquel que denominaron la “Bolsa Solidaria”. Programa que fuere sumamente criticado por la oposición, en ese entonces, el Partido Patriota. Pese a las objeciones al programa, el Gobierno del ex Presidente Otto Pérez Molina abanderó que los programas sociales se institucionalizaran, lo que dio lugar a la creación de dicho Ministerio.

En la parte considerativa del Decreto 1-2012 del Congreso de la República se puede leer: “el Organismo Ejecutivo ha establecido programas sociales efectivos, pero es necesario que estos programas estén diseñados y se ejecuten con una visión de Estado y como una política pública de carácter general, institucionalizar un ente ministerial que cumpla no solo objetivos de ejecución de programas sociales, sino que busque promover el desarrollo integral urbano y rural sustentable, así como garantizar el efectivo ejercicio y cumplimiento de los derechos sociales de la población guatemalteca, principalmente la que se encuentra en condiciones de pobreza o extrema pobreza, aunque no excluyente de la población en general.”

Luego de 5 años de funcionamiento del Ministerio no se vislumbra ningún resultado tangencial de su funcionamiento. La “Bolsa Segura”, que era la batuta en el Gobierno pasado, resultó siendo un fracaso. Tampoco existió ningún otro programa que trascendiera.

Ahora, durante este Gobierno se pretendió despegar con las Transferencias Monetarias Condicionadas, sin que a la fecha se cumpla con el objetivo. La Contraloría General de Cuentas condicionó la continuidad del programa a la realización de un censo de los beneficiarios, lo cual estancó el funcionamiento del programa social estrella y con ello quedaron 2 años más tirados al olvido. La ejecución presupuestaria del Ministerio se limita al funcionamiento del mismo, sin inversión.

El año pasado, luego de la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nos pudimos dar cuenta que no existen planes integrados para la reducción de la pobreza y los demás fenómenos que ésta acarrea. No existen políticas públicas reales, mucho menos con ejecuciones coordinada entre las distintas instituciones gubernamentales. El Ministerio de Desarrollo Social debería ser la institución encargada de ejecutar estas políticas. No obstante, dista mucho de tener la capacidad de poder hacerlo.

La Política General de Gobierno 2016-2020 no tiene como objetivo la reducción de la pobreza. Si bien cuenta con ejes en salud, educación y desarrollo –primordialmente económico-, no se traza como objetivo reducir la pobreza o la pobreza extrema.

Los programas sociales son, sin duda, un elemento esencial para el desarrollo del país. La pobreza no se reduce del día a la mañana y se necesitan mecanismos estatales para no agravarla y para reducirla de forma sostenida. No estamos invirtiendo en reducir la pobreza y eso solo lo agrava más. Seguimos sin apostarle al futuro del país y eso pasa factura. Es por ello que cabe preguntar, ¿qué hacer con el Ministerio de Desarrollo Social?

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