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El pasado 18 de julio tomó posesión el nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).  Esta Institución es un pilar en la administración de justicia, al desempeñar un papel trascendental para la correcta aplicación de la ley, porque a través de los distintos peritajes técnico-científicos que emite, el juez puede aplicar una sana y genuina administración de la justicia.

En virtud de lo anterior, quien lo dirija, debe ser un profesional con altos estándares éticos para que la justicia no se incline hacia un lado o hacia otro; sino que sea imparcial, por eso su trabajo debe ser fiable. El elegido para su dirección, además de poseer los conocimientos y ser especialista, debe ser independiente en su trabajo desenvolviéndose en parámetros de equidad, imparcialidad y transparencia, sin asumir compromisos o banderas políticas.

La función de dirección debe desarrollarse con mucha responsabilidad en virtud que es la Institución encargada de entregar resultados con base científica al juez para la búsqueda del descubrimiento de la verdad, la determinación de la procedencia de una acusación y el pronunciamiento de una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, las impresiones del Inacif ponen en juego el derecho a la libertad.

La ética en la investigación criminal es vital. Por ejemplo, el poder del médico experto es alarmante, pudiendo jugar un rol de dios, porque su dictamen puede favorecer o causar perjuicio a cualquiera de las partes.

Esa situación puede servir de tentación a grupos oscuros para cooptar a dicha Institución en busca de que sus expertos forenses se vendan al mejor postor para inclinar la balanza en su favor y perjudicar al contrario. Se ha conocido que algunos peritos tienen precio y llegan con el juez a recitar lo que le dijeron sus clientes y con dictámenes a base de lo económico y no de hechos científicos.

Un ejemplo son los casos de Roxana Baldetti y Gustavo Alejos porque al parecer los informes del INACIF manifestaban circunstancias aparentemente ajenas a la verdad, estableciendo que ambos requerían hospitalización cuando supuestamente la realidad es distinta.

Estos casos evidencian que “la ciencia forense también es objeto de intereses políticos cuando se convierte en peón en manos de agentes de la ley –abogados, jueces o testigos- buscando extraer de ella un resultado contrario al interés superior de justicia”.

La nueva administración tiene la gran responsabilidad de corregir los errores que se le señalaron a la anterior, entre ellos la posible manipulación de dictámenes.

Debe asumir el compromiso de trabajar con apego a la imparcialidad para colaborar en la solución de asuntos que afecten la seguridad pública y que se aplique una correcta justicia, y destruir la idea que en la vida hay tres tipos de mentirosos: el mentiroso común, el maldito mentiroso y el perito, esto porque en los cementerios hay enterradas una serie de equivocaciones y en la cárcel inocentes, víctimas de su mal trabajo.

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