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Uso abusivo de prisión preventiva (Parte II)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que el uso excesivo de la prisión preventiva en la región, denota disfuncionalidad del sistema de justicia penal.

Agrega que el uso desmedido de la prisión se adjudica por “cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial”.

Parafraseando el Informe sobre Independencia Judicial Insuficiente y Prisión Preventiva Deformada, en el que se alude que la prisión preventiva está íntimamente relacionada con la independencia judicial, detectándose como hallazgo central, que en cierto número de casos, se impone en razón de presiones contra el fiscal y juez, que les impide actuar imparcialmente en uso de la independencia que es propia del cargo.

La independencia judicial se ve menoscabada en casos mediáticos, que según el delito, las condiciones de la víctima o persona imputada, reciben mayor atención, y es cuando muchos jueces por evitar a ser criticados por la prensa, sectores sociales, o bien un proceso disciplinario interno (hay sanciones por no aplicar esa medida, pero ninguno por usarla arbitrariamente), prefieren aplicarla y subirse al equipo que combate el crimen, pero renuncian a su auténtica función de garantizar los derechos de las personas, ser contralores del poder público y constituirse como terceros imparciales.

No se puede negar que las exigencias de seguridad ciudadana magnificada por los medios de comunicación social –aún sea parte del legítimo ejercicio del derecho de expresión- generan un ambiente propicio para la aplicación desmedida de la prisión preventiva, en la que se asocia la condición de procesado con la de detenido, naturalizándose la cárcel como consecuencia de un proceso penal.

Existe un temor constante entre jueces y fiscales de enfrentar la indignación social, observándose que el clamor popular tiene mucho más peso que el principio de inocencia, al no impedir que como regla se utilice la prisión.

El uso abusivo de la prisión preventiva se suscita “fuera de la cultura legal”, por presiones de actores sociales, políticos y medios de comunicación, lo que es lamentable porque estar preso siendo inocente tiene un costo muy alto: destruye a quien la sufre, provocándole daño físico y psíquico.

Si el juez no posee un respaldo institucional amplio que lo fortalezca ante la interferencia de los factores extralegales y le brinde garantías para realizar un trabajo independiente y rechazar la influencia o presión por cuestiones ajenas a la aplicación de la ley, el panorama difícilmente variará y el uso abusivo de la prisión preventiva se extenderá, a pesar que la CIDH declare que es contraria a la esencia del Estado de derecho.

Es urgente poner límites a su uso generalizado, porque según la Constitución, en caso de ser arbitraria, el detenido tiene derecho a reclamar del Estado indemnización por los daños sufridos.

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