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Con el permiso de don Edmundo Deantés

editorial

En 2015, la naturaleza humana tan compleja y contradictoria, pudrió al Estado y levantó la protesta popular. La búsqueda de la decencia nos condujo a rendir la autonomía de nuestras decisiones fundamentales y ponerla en otras manos. La consentida cruzada contra la corrupción, esperábamos que se orientara, a la persecución penal de los responsables y su justa y ejemplarizante sanción, pero, la redefinición jurídica y política del Estado, es un privilegio que corresponde por derecho propio y de manera exclusiva a los guatemaltecos. La contradicción en ese aspecto dio origen a la confrontación. La lucha contra la corrupción, aunque suene parecido no es una lucha contra la Constitución, rima pero son temas diametralmente distintos en su esencia y la dinámica de su creación.

Lo Constitucional, pertenece a la esfera de la Soberanía Popular y que solamente lo puede ejercitar de pleno derecho, en su diversidad y compleja estructura, de forma democrática, sin presiones y en ejercicio de su único y legítimo titular: El Pueblo.

Aunque en este diabólico juego de maniobras e intereses, el pueblo parece no importarle a nadie y al verdadero pueblo, ausente por la agobiante lucha por la subsistencia pareciera no importarle nada.

Y allí se gesta la concertación del temor, que deja poco espacio, incluso para las inofensivas opiniones independientes, no concertadas más que con la libertad de ejercer ese derecho, en libertad y sin abusivas consecuencias, desagradables para quienes no les gusta la disidencia.

Esas uniformidades de opiniones solo se dan en dictadura. Y los guatemaltecos, aspiraron a librarse de la dictadura de la corrupción, de la dictadura de las mafias políticas, la dictadura de la judicialización de la política, tan nefasta como la dictadura de la politización de la justicia.

Se repudia los jueces que aplican su ley, igual que la dictadura de los procuradores de justicia que se vuelven dictadores. En síntesis, abominamos la dictadura del tipo que sea. Civiles o militares, de togados o mafiosos, aspiramos a un Estado de Derecho, donde no existe temor a la arbitrariedad de nadie, donde no existe temor a expresar las opiniones, donde no exista temor a la disidencia, en donde la filiación a determinados proyectos políticos, no sean compensada por contratos estatales que fijan honorarios por defender supuestos ideales. El Estado de Derecho, no tolera ningún tipo de dictadura, porque su dominio parte de la igualdad y la ausencia de privilegios.

Hace prevalecer una justicia con respeto a los derechos acumulados a lo largo de la historia, privilegiando el respeto a los derechos humanos, que prescribe nuestra Constitución.

Los dictadores tienen nombres y apellidos, sean hombres o mujeres. En el estado de derecho, existe el temor a la ley, pero no el temor a los hombres.

Y la libertad de expresión, por principio, sustenta al estado de derecho, que no hay que confundirla, solamente, con los que están de acuerdo.

El poder se gana en las urnas, no en los tribunales. Lo otorga el pueblo, no los jueces.

Esa es la única razón de buscar con gran sacrificio y lucha la democracia y la libertad.

Por una Nación Libre, Justa y Solidaria.

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