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El derecho a la libre locomoción v. derecho de manifestación

Columnista

Los bloqueos de los salubristas se suman a los de CODECA en el mes de julio. Con ello, nuevamente, se retoma el debate sobre la ponderación del derecho a la libre locomoción y el derecho de manifestación. La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho a la libertad de locomoción en el siguiente sentido: “Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas en la ley (…)”. Mientras que la Carta Maga siete artículos luego se reconoce el derecho de manifestación pública, el cual, establece, no puede ser restringido, disminuido o coartado, dentro de los límites del orden público.

Se ha vuelto una práctica generalizada que aquellos que manifiestan tomen puntos principales del país paralizando el movimiento del transporte individual, colectivo y comercial. Mientras que los manifestantes recurren a este método porque, en muchas de las ocasiones, es la única forma de llamar la atención de los gobernantes de turno; los afectados, ciudadanos y empresarios, reprochan este actuar, solicitando que las autoridades tomen medidas al respecto para liberar las calles o carreteras. Las cámaras gremiales asocian los bloqueos con pérdidas económicas y por lo tanto consideran intolerable la inacción de las autoridades.

Si ambos derechos están reconocidos constitucionalmente, entonces ¿cuáles son los parámetros para su ponderación?

El derecho de manifestación pública está sujeto al orden público. Para ello es importante tener conocimiento sobre ¿qué podemos entender por orden público? Este ha sido concebido como un estado de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad, que en su conjunto de instituciones jurídicas identifican o permiten distinguir el derecho de una comunidad. Se compone de principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni por la aplicación del derecho extranjero.

El orden público puede ser sintetizado como un mecanismo del Estado que impide que ciertos actos particulares afecten intereses fundamentales de la sociedad.

Nos encontramos frente a un concepto que no es del todo claro y que está sujeto a interpretaciones. Es por ello que existen dos posturas contrapuestas referente de la ponderación que se le debe dar a la libertad de locomoción frente al derecho de manifestación. Los derechos no son absolutos, eso es lo cierto, ¿pero dónde se encuentra el límite?

La Corte de Constitucionalidad, en reiteradas, ocasiones ha manifestado que las autoridades públicas deben tomar medidas de resguardo público y los derechos de quienes no participan en las manifestaciones. Sin embargo, no se ha pronunciado directamente sobre la ponderación entre estos derechos.

Sería necesario, a mi consideración, que se creara una ley que regulara, en atención al orden público, cuáles son los límites que debe guardar el ejercicio de este derecho. Después de todo el texto constitucional reconoce que debe existir una regulación al mismo: “(…) la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público.” La solución ya está prevista desde la Constitución, solo falta que alguien tome cartas en el asunto.

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