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Uso abusivo de prisión preventiva (Parte I)

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La población carcelaria ha aumentado considerablemente en los últimos años en el mundo. En América, después de Estados Unidos, los países con mayor proporción de población reclusa están en el Caribe y Centroamérica. Sin embargo el gran reto del sistema de justicia es la disminución del uso abusivo de la prisión preventiva porque los jueces descartan utilizar medidas alternativas.

Guatemala, al igual que muchos países confía extremadamente en la cárcel cómo único medio para combatir la delincuencia, ignorando que el problema del crimen tiene múltiples causas como pobreza, desigualdad social y falta de fuentes de trabajo, etc., no obstante se toma como único recurso la cárcel porque es más fácil neutralizar al presunto delincuente que combatir las causas reales.

El Código Procesal Penal establece que la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso; el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que la prisión preventiva de quienes serán juzgados no debe ser la regla general y las Reglas de Tokio establecen: “En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso”.

Sin embargo, a pesar que la prisión preventiva no debe constituirse en regla general y último recurso a aplicar, las altas cifras de encarcelamiento de personas procesadas, sólo confirma que es el primer medio.

En Guatemala, la prisión preventiva se utiliza en casi todos los casos. Según la Política Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario 2014-2024, sólo el 2% de procesados recibe medidas sustitutivas, lo cual explica ese 48.5% de privados de libertad que espera juicio, así como el elevado índice de hacinamiento en nuestras cárceles.

Se estima que cuando hay alta tasa de encarcelamiento, hay un serio problema con el sistema de justicia, y si esa tasa sobrepasa el 30% de personas en esa condición, el sistema judicial no funciona.

En el Informe de la Reunión de Expertos de Alto Nivel sobre revisión de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas, se establece que las causas del alto índice de reclusos sujetos a prisión preventiva obedece al retardo en tramitar los procesos penales; ausencia de asesoría legal adecuada; influencia de la opinión pública y la “tendencia de fiscales y jueces a procurar la detención a las personas cuyo proceso está en trámite, en vez de recurrir a otras medidas”.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos sostiene que no obstante existe la obligación de los Estados a mantener el orden público y proteger del delito y la delincuencia a sus habitantes, toda investigación de los hechos y eventual enjuiciamiento debe desarrollarse dentro de los límites y en el marco del pleno respeto a los derechos humanos.

Empero, la imposición de prisión provisional supone una vulneración de un concurso de derechos fundamentales que solo produce daños irreparables a la persona y su entorno familiar.

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