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Telgua habría financiado al PP con Q15 millones a través de exembajador

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En una conferencia de prensa, las autoridades señalaron a la Empresa de Telefonía Telgua, S.A., de haber financiado ilícitamente al extinto Partido Patriota (PP), durante su campaña de 2011.

El titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, relató cómo el exembajador de Guatemala en Estados Unidos (EE. UU.), José Julio Alejandro Ligorría Carballido, ahora prófugo de la justicia, orquestó toda la actividad ilícita.

Velásquez indicó que el PP obtuvó financiamiento electoral ilícito en las campañas de 2011 y 2015. Fue en la de 2011 cuando Telgua desembolsó Q15 millones y además obtuvieron dieron por pagos de las empresas de cartón vinculadas al también prófugo y exfuncionario del gobierno del PP, Alejandro Sinibaldi Aparicio, las cuales no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la de 2015, también se dio la misma practica, pero esta vez el dinero era proveniente a través de las tres empresas de cartón controladas por Sinibaldi, en donde canalizaron el dinero (al menos Q12 millones) para realizar parte de los gastos de campaña.

Pago a empresas de cartón de Sinibaldi funcionaba como “ventanilla especial” para constructores

El comisionado explicó que la información la obtuvieron por el entonces gerente de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, condenado el pasado 29 de junio a tres años de prisión, por el delito de financiamiento electoral ilícito, sin embargo le fue suspendida la ejecución de la pena y debe pagar a título de multa Q500 mil. Además de comprometerse a construir dos salas de videoconferencia para uso del Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

Porras Zadik, aceptó la entrega del dinero para el PP, a través de 12 cheques y 20 facturas a 6 empresas.

“Fue entregado como parte de una estrategia político comercial de Telgua, diseñada por Ligorría para tratar de resolver un litigio existente entre Telgua y Tigo”, explicó.

Según Velásquez, en la declaración de prueba anticipada de Porras, dio cuenta que a raíz de unas resoluciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en el gobierno de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Tigo salió favorecido en una reclamación formulada en 1998 y por la que Telgua debía pagarle U$S400 millones.

A su decir, Porras buscó acercamientos con el entonces presidente Alvaro Colom, con su secretario Gustavo Alejos, con el superintendente Mynor Samayoa, para tratar de resolver administrativamente el problema, sin embargo todos los intentos fueron en vano y se llegó al punto de la judicialización.

En este proceso, Telgua no obtuvo ninguna resolución favorable porque supuestamente “Tigo compró influencias en las diferente instancias del país. Fue entonces cuando alguien le recomendó a Porras que para resolver el problema recurriera a los servicios de Ligorría.

El exembajador propuso como estrategia construir un acercamiento con los candidatos del PP, agrupación que en ese momento lideraban las encuestas.

“Porque Telgua tenía que mostrar una cercanía con los aspirantes a la cúpula del Organismo Ejecutivo, que atemorizara a Tigo y entonces de esa manera podrían lograr un arreglo”.

Sin embargo, Ligorría le advirtió a Porras que debía “igualar” la cantidad de dinero que Tigo ya había dado a la campaña del PP, es decir los Q15 millones.

Porras aceptó la estrategia y Ligorría le entregó un listado de varias empresas (las de cartón de Sinibaldi) y diferentes montos: Impresos Urbanos, ARQCO Outsourcing de Centroamérica, Inversiones ASA y Seguridad ASA, entidades que giraron facturas de servicios no prestados para ocultar el motivo de la entrega del dinero.

Posterior a esto, se dieron acercamientos con Otto Pérez Molina y se solicitó una reunión en México con Carlos Slim, propietario de América Móvil, dueño de Telgua, que se realizó en agosto de 2011 con la presencia del expresidente de la República, la ex vicepresidente Roxana Baldetti, Sinibaldi y Ligorría, quien se presentó como futuro embajador de Guatemala en EE. UU. y no como asesor de Telgua.

Ligorría tomó fotografías de la reunión y pocos días después fueron publicadas en un medio de comunicación impreso, con la idea de “enviar a Tigo el mensaje que tenían muy buenas relaciones entre Telgua y los futuros gobernantes de Guatemala”.

Luego de publicadas las fotografías, personeros de la empresa Tigo hicieron contacto con Ligorría para que organizara una reunión con Telgua y así llegar a un acuerdo, “es decir que surtió efecto la estrategia del señor Ligorría”, añadió Velásquez.

“Tigo se asustó con esa proximidad de Telgua con el nuevo gobierno, entonces buscó el aproximamiento para solucionar el problema”, añadió.

A menos de un mes de la publicación de las fotos, el 2 de septiembre de 2011, Porras firmó un contrato de transacción y finiquito del litigio por los U$S400 millones, es decir que se solucionó el problema de Telgua, financiando al PP y contratando los servicios de Ligorría, sindicado de financiamiento electoral ilícito.

“Esto evidencia cómo las relaciones del poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de practicas de competencia comercial malsanas y la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y ejercicio del poder del gobierno”, concluyó el comisionado.

Hasta el momento, ninguna de las dos empresas de telefonía se han pronunciado al respecto.

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