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Corre y va de nuevo la danza de los consejos de desarrollo

Columnista

El Decreto No. 11-2002, da origen a la Ley de Consejos de desarrollo Urbano y Rural, en donde su naturaleza, principios y objetivos señalan la participación ciudadana sin discriminación para que desde la comunidad se demande las necesidades de la población más vulnerable. El Estado otorga al pueblo el derecho de promover la  participación ciudadana como un auténtico sistema democrático incluyente, sin discriminación de raza, género, tendencias políticas y credo religioso para la  búsqueda de mejorar las condiciones de vida de todos.

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En los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) de primer y segundo nivel, constituyen la instancia en donde se promueve la participación ciudadana mediante mesas de diálogo y discusión en un ejercicio de alta significancia democrática. Todos tienen la oportunidad de pronunciarse mediante la expresión libre, reflexiva y consciente, en donde la decisión suprema se le otorga a la Asamblea General  y el ente coordinador que debe convertirse en el ejecutor de lo que se acuerda en ese ente colegiado, para desvanecer la figura del caudillo y los funcionarios que hacen lo que les conviene.

Superan la instancia de los COCODEs, las demandas se elevan al escenario del Consejo de Municipal de Desarrollo (COMUDE), ya que  los  primeros seis meses del año se aprueban la propuesta de inversión para el 2018, en donde se observa el inicio de  la desnaturalización del fundamento filosófico de este modelo.

La elección de los miembros de los Órganos de Coordinación, se ha viciado y son elegidos a conveniencia,  omitiendo los principios de la libre participación ciudadana para ejecutar el financiamiento millonario que el Estado subvenciona a las municipalidades para la ejecución descentralizada de obras que debe promover el desarrollo comunitario, por decisión de los miembros titulares de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), en donde se deben avalar las decisiones del nivel comunitarios que al final obvian el procesos y terminan   avalando las decisiones de las autoridades de turno.

El denominador común de esta inversión es sobrevalorar obras, cronogramas de ejecución mentirosos, que no se cumplen acumulando proyectos de arrastres, argumentando el atraso de los mismos con cualquier mentira, proyectos que nunca ejecutaron, proyectos inconclusos, proyectos mal construidos, fianzas que nunca se concretan, contratos fraudulentos, en donde demandan comisiones para beneficiarse,  con el agregado que han enviciado a los mismas comunidades salpicando el cáncer de la corrupción, aprovechándose de la pobreza y la ignorancia que hace sentir la impotencia de reclamar sus derechos cuando descubre el desafiante engaño a que han sido sometido por los que ostentan el poder.

Los CODEDES Y las Unidades Técnicas responsables de aprobar los proyectos  que es donde se inicia y juego, es la SEGEPLAN, DTP, y el Congreso de la República en donde se distribuye esa buenos millones de quetzales de forma viciada, por lo que es urgente hacer una reingeniería a este modelo, que se ha desgastado y que han dejado de atender las demandas de desarrollo, olvidándose que es un ejercicio democrático para invertir en los más pobres.

La CICIG y el Ministerio Público deben investigar, comprobar y poner a la disposición de la justica a los delincuentes que han organizado estructuras criminales  al interno del  Sistema de Consejos de Desarrollo.  Es una exigencia social, que la SCEP como ente administrativo y la  CGC cumplan con su misión de resguardar estos  recursos que son producto de los impuestos que paga el pueblo.

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