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Somos países (el Triángulo Norte) productores de migrantes, pandilleros, sicarios y narcotraficantes. En lo que concretamente respecta a Guatemala la cifra es de horror: Hay en promedio 15,000 o más pandilleros (afiliados fundamentalmente a dos estructuras que disputan territorios).  Desde hace al menos una década se ha venido repitiendo y repitiendo que esta matemática nos muestra que las pandillas son potenciales ejércitos privados.  Tarde o temprano pueden poner a todo un Estado en situación de jaque.

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Durante la elección presidencial guatemalteca del año 2011 tomó un lugar un hecho significativo que fue mal interpretado.  Un par de buses de rutas extra-urbanas explotaron en un claro acto terrorista.  El análisis de la situación se enfocó hacia el proceso electoral pero dejó de lado la necesidad de identificar con claridad que las pandillas comenzaban a ´testear´  la resistencia que el Estado y la sociedad guatemalteca tiene hacia la violencia.   En ese mismo año,  varias cabezas humanas fueron dejadas en la entrada de oficinas públicas.  El análisis mediático se enfocó en los cárteles mexicanos ( los Zetas), dejando por fuera a las pandillas.  Esto fue así porque pocos le daban importancia a la capacidad de generar violencia por parte de estas estructuras delictivas que ´en teoría´  no hacían otra cosa más que extorsionar y narco-menudeo.

Las cosas han cambiado. Es importante saberlo.  El volumen de la economía ilícita que manejan producto solo de las extorsiones les otorga una caja chica de alrededor de nueve millones de dólares al año.  Y a pesar del éxito económico, las maras quieren entrar a otros rublos, concretamente superar su condición de narcomenudistas para ingresar al trasiego mayor de estupefacientes y el tráfico ilegal de armas. Exactamente lo anterior ha puesto ya en contacto a las estructuras de pandillas en El Salvador con los grandes cárteles del narcotráfico. Las pandillas se están armando, han atentado directamente contra oficinas públicas, han atentado contra miembros de la fuerza de seguridad, han logrado infiltrarse en el Ejército. Por último, se debe agregar el control que las maras parecen tener sobre el sistema penitenciario.  En Mayo de este año el país (Guatemala)  fue testigo – gracias un video- de cómo el director del sistema penitenciario sostiene una conversación con cinco de los 24 jefes del Barrio 18.  Y no se nos puede olvidar, las bombas que se colocaron en autobuses – por suerte vacíos-  ubicados en la zona 1 capitalina.   Las maras extorsionan al por mayor, matan, negocian con el Estado y cometen actos de terrorismo.

El control de las pandillas se extiende también a los centros correccionales para jóvenes en situación de conflictividad con la ley. Esa situación es gravísima porque cada amotinamiento que sucede pone a las fuerzas de seguridad en jaque y cualquier error que se cometa tiene – convenientemente- efectos políticos importantes.   Esto es precisamente lo interesante. Las maras no son CIACS en el sentido estricto porque carecen de una lógica ideológica pero parecen que actuaran como tal pues al producir este tipo de situaciones en los centros correccionales, no es física cuántica predecir que cualquier error de procedimiento puede afectar la continuidad del actual Ministro de Gobernación y del director de la PNC.  Ambos, dicho sea de paso han realizado una fantástica tarea en sus puestos y son aliados incondicionales en la lucha contra la corrupción.  Dado que el Comisionado Velázquez tiene asegurado su puesto dos años más, dado que el Presidente Morales no tiene la fuerza política para declararlo non-grato qué mejor que romperle las cadenas de lealtad institucional.

 Alguien entonces utiliza a las maras en la guerra ideológica.

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