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Guerra contra la corrupción y el crimen

NUEVO

La guerra contra la corrupción y el crimen organizado continuará, lo cual ha sido confirmado por cuatro eventos recientes: el enfoque de la última reunión sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte; el anuncio que el Comando Sur de EEUU instalará una indeseable base de marines en Retalhuleu; el nombramiento del embajador Luis Arreaga; y la extensión del contrato de la ONU a Iván Velásquez hasta 2019, tres días después de presentar en Nueva York el Informe de Labores de la CICIG 2016-17, acompañado por las cabezas del MP, de la CSJ y del Ministerio de Gobernación.

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Más claro, imposible. El concierto de las Naciones Unidas, la potencia hegemónica mundial, y el aparato de justicia caminan bajo la misma hoja de ruta, para erradicar el cáncer de la corrupción, la violencia delincuencial y el crimen organizado. Pero falta una más decidida participación ciudadana, para que no se tuerza el rumbo.

Como sostuvo el Comisionado Velásquez en Nueva York, “es necesario un nuevo despertar ciudadano como el del 2015, más profundo y más consciente, que contribuya a la construcción de la cultura de legalidad; que deje atrás las viejas formas que entendían la corrupción y la impunidad como fenómenos naturales; y que permita al país la consolidación del Estado de Derecho, indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país”.

Esta realidad es la que se niegan a entender y aceptar los empresarios oligárquicos, los políticos venales y los funcionarios corruptos que, con fondos de origen oscuro, contratan cabildeos en Washington, creyendo que podrán imponer sus intereses espurios sobre la política de seguridad de EEUU.

Han impulsado una miope labor de zapa contra Iván Velásquez, que se les ha revertido. Reconociendo los innegables logros de la CIGIG, bajo la dirección del abogado colombiano, la comunidad internacional ha respondido con un decidido respaldo a su labor, para contrarrestar los ataques. A pocos días de haber tomado posesión, el Secretario General de la ONU manifestó su apoyo a Velásquez; después llegó el de la OEA, luego el de la Unión Europea y finalmente el respaldo bipartidista del Congreso de EEUU.

Mientras que los “cabildeos idiotas” no han tenido resultados, Iván Velásquez se ha convertido en el funcionario de la ONU con más apoyo, de los más diversos organismos, en una coyuntura crucial para Guatemala y el continente.

El crimen y la violencia cuestan a Latinoamérica el 3.5% de su economía (BID, 2017); el fraude y el contrabando equivalen a 3,5% del PIB de Guatemala (ASIES, 2017); la evasión y la elusión fiscal llega a un 4% del PIB (ICEFI); el índice de impunidad, en delitos contra la vida, es del 98% (CICIG), y en 2015 la PNC registró 4,778 homicidios.

Tal nivel de impunidad requiere de una refundación del Estado, pero esta es una tarea que nos corresponde a los ciudadanos guatemaltecos.

Los adalides de la impunidad también fracasaron en toda la línea intentando que Donald Trump nombrara un embajador que los respaldara, pues nominó a Luis Arreaga, actual Subsecretario Adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, quien en los últimos cuatro años se ha encabezado la lucha de EEUU contra la corrupción, el narcotráfico y la impunidad en el ámbito internacional.

En este esfuerzo por construir un Estado democrático y plurinacional de Derecho, contamos con el decidido apoyo de la comunidad internacional, pero somos las y los ciudadanos guatemaltecos los obligados a decidir soberanamente nuestro futuro, pues corremos el riesgo de que otros lo decidan, ante nuestra negligencia política.

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