Home > Columnas > Economía carcelaria
NUEVO

Publicada por La Nación el día de ayer, la noticia dice que “Saltar los molinetes del subte de Nueva York dejará de ser un delito” y que: “A partir de septiembre, ya no supondrá una pena de prisión; se mantendrá, no obstante, una posible multa para quienes lo hagan”. ¿El motivo? dejar de saturar los tribunales y cárceles de Nueva York.

Según la Fiscalía, hasta ahora, esta infracción podía costar hasta un año de cárcel y una multa de mil dólares, según el código penal del estado de Nueva York; en 2016 fueron detenidas sólo en Manhattan cerca de 10.000 personas por esta falta y alrededor del 60% fueron juzgadas, mientras que el resto se benefició de que las autoridades abandonaran los casos y con tal motivo se propondrán penas alternativas como talleres pedagógicos, controles psicológicos y otras medidas para reparar los daños causados.

De acuerdo con el fiscal Cyrus Vance, las denuncias penales de estas pequeñas infracciones no violentas “no deberían formar parte del reformado sistema judicial del siglo XXI”, motivo por el cual “se eliminarán las encarcelaciones innecesarias y se reducirán los riesgos de deportación, pérdida de vivienda y empleo que muchas veces ocurren tras un procesamiento criminal”. Más aún, la Fiscalía y la policía de Nueva York anunciaron en marzo de 2016 un primer paquete de medidas para llevar a cabo menos detenciones y disminuir las denuncias penales de delitos menores, como orinar en la vía pública o tirar papeles al suelo.

Bastará hacer unos pocos números para darnos cuenta del ahorro fiscal que significaría para Guatemala la despenalización de ciertos delitos cuyo solo procesamiento (incluyo acusación y defensa de oficio), aunado al costo que implica mantener en condiciones infrahumanas –dicho sea de paso—pero costo al fin, junto al “mantenimiento” de la infraestructura penitenciaria, aparte de los costos indirectos pero significativos que le generan financiar estas escuelas para criminales y focos de infección sanitaria que conforman nuestro “sistema carcelario”.   Omito incluir en mi cálculo las indemnizaciones que debe pagar el Estado por su mala práctica carcelaria.

 

.
.

Leave a Reply