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La lucha contra la impunidad

COLUMNISTA
Por: Alejandro Palmieri Waelti 

La lucha contra la impunidad, en todos sus aspectos, es y debe ser elemento esencial de un Estado que se organiza para proteger a la persona y la familia y cuyo fin supremo es el bien común, como reza el artículo 1 de nuestra Constitución.  Si, ¡nuestra Constitución! no del gobierno o de los funcionarios.  La Constitución es nuestro contrato social, es el mandato general que otorgamos los ciudadanos al conformar Estado.  Como toda constitución, fija los límites al poder, da facultades, reconoce -no otorga- derechos e impone obligaciones tanto para los mandantes, nosotros los ciudadanos, como para los mandatarios que son los diputados, funcionarios y empleados públicos.

La impartición de justicia, ya lo he apuntado, es algo peliagudo.  Con mayor razón cuando enfrenta el reto de romper estructuras que han cooptado el Estado violando el sagrado contrato social ya referido.  ¡Este es el reto de nuestros días!  En este sentido, es deber de nosotros los ciudadanos estar vigilantes a que los encargados de la investigación y acusación (MP) y del juzgamiento e impartición de justicia (OJ) cumplan a cabalidad con su mandato y no se extralimiten, porque si lo hacen caeríamos a una “cooptación 2” y solo cambiaríamos de combo sin mejorar en lo más mínimo.  Esto es parte de ese reto de nuestros días.  De un tiempo para acá, hemos podido ver como el MP, en aras de procesar a las personas que cree son culpables, está cometiendo abusos, se está extralimitando en sus atribuciones y en algunos casos como las denuncias contra la Secretaria General del MP, Mayra Véliz, no cumple con investigar adecuadamente o lisa y llanamente, no investiga.  En este caso, hay mecanismos legales que pueden utilizarse para obligar a que se cumpla la Ley; difícil, pero no imposible.

Caso distinto es el de la CICIG, pues de conformidad al convenio de su creación, este ente es indemne a la justicia guatemalteca y no se puede juzgar a sus miembros extranjeros por cualquier desmán o abuso que cometan. ¡Ni siquiera se puede acudir a Naciones Unidas para que sean revisados sus procedimientos! Ni modo, eso fue lo que se firmó.

Los que hemos señalado los abusos o falencias del MP y de CICIG, en menor o mayor grado, hemos sido tildados de estar del lado oscuro de la fuerza, ser corruptos nosotros mismos o estar a sueldo de los huéspedes del Mariscal Zavala; a algunos incluso les han iniciado persecuciones penales con el avieso fin de callar las críticas.  En lo personal, mi crítica siempre ha sido respetuosa y con la intención que se noten las falencias y se corrijan.

Ante la posibilidad que por mis críticas pueda ser blanco de vilipendios en redes o en medios vasallos, me fortalecen las palabras del profeta Jeremías que en el capítulo 20, versículos del 10 y 11 dice: “Porque he oído las murmuraciones de muchos: ¡Terror por todas partes! ¡Denunciadle, denunciémosle! Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen: Tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como campeón temible; por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada”.

No se puede acabar con la impunidad siendo impune a la vez.  Si el MP y CICIG abusan de la Ley, poco podemos hacer los hombres y mujeres, pero como dice un meme que anda por’ai con la imagen de Rigoberta: ¡pero hay un Dios!

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