El Siglo

Mina San Rafael: derechos y límites

Los trabajadores y propietarios de la Mina San Rafael así como otras empresas que se ubican en San Rafael Las Flores están siendo víctimas de la impunidad y falta de Seguridad y Justicia en nuestro país debido a que la gente del municipio vecino de Casillas les impiden el paso por la carretera.

El colmo es que si los trabajadores van con su uniforme de trabajo son agredidos por este grupo de gente.  Además del enorme daño que esta situación causa a la minera, a sus trabajadores y a las demás empresas y gente de San Rafael Las Flores, hay daño al país porque esos bloqueos violentos (no te dejo pasar y si tratas de hacerlo te agredo físicamente) que impiden la libre locomoción de las personas por una carretera pública son a todas luces ilegales.  Nadie tiene derecho a limitar la libre locomoción de cualquier persona por una carretera pública.  Y nadie tiene derecho de usar la violencia contra nadie.

Cualquier persona tiene derecho a estar en desacuerdo con otras personas o con laguna actividad de alguna empresa.  Esos desacuerdos se discuten, se busca diálogo y si acaso hubiese algún posible daño por alguna actividad de una persona hacia otra o de una empresa, existen los tribunales de justicia para que a través del debido proceso se pueda determinar quién tiene la razón.  Si una persona o empresa sale culpable de estar dañando derechos a otros entonces el tribunal le ordenará lo procedente en evitar seguir causando daño y resarcir el causado hasta ahora.  Así de sencillo.  En un mundo civilizado, los tribunales de justicia funcionan para arreglar estos desacuerdos donde algún derecho es vulnerado.

En este caso, los vecinos que están bloqueando el paso son los que están vulnerando los derechos de la empresa, de los trabajadores de la misma, de otras personas que tienen otros negocios en el lugar causando daño.  La lentitud con que el gobierno está actuando es imperdonable ya que ante acciones de hecho que vulneran el derecho de los demás la policía puede y debe actuar de inmediato despejando la vía y llevando ante los tribunales a los violadores de estos derechos.  Así de sencillo.  Esto si queremos vivir y trabajar en paz.

Sin embargo, no está sucediendo esto y el gobierno está incumpliendo con su función principal de seguridad y justicia.  Esto es suficiente para que cualquier inversión potencial se detenga y no quiera venir a Guatemala.  Nos quejamos de falta oportunidades, pero somos nosotros mismos los que las impedimos.  Decimos que no hay empleo en el interior del país, pero hacemos lo contrario para que ocurra.  Queremos que la pobreza disminuya, pero la fomentamos y la volvemos permanente.  Nuestros políticos son inconsistentes con lo que dicen y hacen.

Si queremos que respeten nuestros derechos debemos respetar igualmente el de los demás.  Si nos molesta que alguien impida nuestra libre locomoción por las carreteras públicas del país nosotros no tenemos derecho de impedirle a otros lo mismo.  Si no queremos que alguien cometa actos de violencia contra nosotros tampoco tenemos derechos de cometerlos contra los demás.  Los derechos siempre van en dos vías.  Mis derechos son los tuyos y el límite donde termina mi derecho es exactamente donde comienza el tuyo.  Así se logra una convivencia pacífica y armoniosa.

El gobierno debe actuar con fuerza en este caso y hacerlo ya para evitar que quienes bloquean sigan haciéndolo a modo que trabajadores y empresarios puedan pasar libremente a sus centros de trabajo y obtener así los ingresos para sus familias.

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