El Siglo

Impunidad in limine

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es, en teoría, el más alto organismo del Estado para las decisiones jurídicas. No obstante, en la coyuntura que vivimos, la CSJ ha optado por comportarse como un organismo político y ha priorizado la defensa de las autoridades a la de los ciudadanos. Proteger al presidente de ir a juicio por el asesinato de las 41 niñas es una muestra clara de que, en el país, los que tienen el poder aún consiguen estar al margen de la ley e impedir que sus actos sean juzgados.

La CSJ dispuso rechazar in limine (de entrada) la solicitud de antejuicio presentada contra el presidente de la República. Los magistrados optaron socarronamente por no conocer el fondo de la solicitud, la que irresponsablemente calificaron de política y espuria, es decir, con intenciones de disputa de poder (que es lo que significa política) y de falsa o degenerada (que es lo que puede significar espurio).

La muerte de las 41 niñas y el encierro ilegal del que fueron objeto junto con otras 15 tiene sin cuidado a los honorables magistrados es a los ciudadanos comunes y corrientes a los que se deben. Con el ojo puesto en su posible reelección o en la obtención de cualquier otra sinecura que les permita mantener los abultados ingresos de los que gozan, su interés es proteger al aliado y mayordomo de ocasión e impedir que se le juzgue, negándole al país la oportunidad de conocer efectivamente las acciones presidenciales ante tan escandaloso y sangriento crimen y, de ser responsable, condenarle en juicio.

Curiosamente, los magistrados ofrecieron su resolución justo cuando los distintos funcionarios que estuvieron en contacto con las víctimas en las últimas horas de su vida presentaron sus declaraciones. Las exposiciones han resultado delgadas catáfilas de esta espeluznante cebolla criminal que tiene como actor principal al presidente de la República. No hay solo responsabilidad en los nombramientos, también hubo contactos, órdenes y disposiciones que, dado el nivel de los funcionarios, fueron obedecidas sin chistar.

“El antejuicio no es una medida revocatoria de mandato. Es un mecanismo que permite a un juez conocer, al detalle, el actuar del funcionario y, con base en evidencias, establecer su culpabilidad o inocencia”.

Pero los altos magistrados han dispuesto actuar en complicidad con el político que actualmente ostenta el más alto cargo del sector público. No lo han querido ver como un servidor responsable de cada uno de sus actos, sino como el compinche a quien deben cubrir ahora, para cobrar la factura luego.

La resolución del alto organismo de justicia no explica por qué la solicitud de los diputados Morán y Juracán es política, mucho menos qué es lo que la hace una demanda espuria. Las víctimas no merecen un estudio serio del requerimiento, son parte de esa sociedad a la que se le hace esperar  en los centros de salud o en los juzgados. Son las que, por su pobreza, el sistema escolar expulsa y rechaza. Indefensas, incluso cuando algunos dignatarios de la nación intentan que se les haga justicia, el alto poder judicial decide también desprotegerlas, prefiriendo absolver sin juicio al presidente de la República.

El antejuicio no es una medida revocatoria de mandato. Es un mecanismo que permite a un juez conocer, al detalle, el actuar del funcionario y, con base en evidencias, establecer su culpabilidad o inocencia. De esa cuenta, calificar de política la solicitud presentada es desconocer el sentido de los términos y actuar, ellos sí, políticamente. La demanda no pretendía desconocer al mandatario, retirarlo del cargo o suspenderlo al menos temporalmente. Solicitaba, a partir de evidencias, que se le retirara la inmunidad y que respondiera a los cargos en juicio. Serían los diputados y, si estos lo aprobaban,  un juez, quienes tendrían que establecer si el actual presidente fue responsable o no de la muerte de las niñas.

Mal favor le hacen los miembros de la CSJ al presidente al impedir que presente todas las evidencias que permitan demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad en esas muertes. El juicio, de concluir en su inocencia, lo elevaría a la altura de los mejores funcionarios de la historia patria, demostrando que nadie es superior a la ley. Su absolución in limine no es sino el intento de cerrar toda puerta para que las acusaciones se formalicen y profundicen, dejando en el ambiente la sensación de que sí fue responsable que la impunidad es aún la norma para quienes usufructúan, al menos temporalmente, el poder público.

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